Activistas e integrantes de la agrupación “Articulación Yucatán” denunciaron el ingreso “voraz” de empresas que, aseguraron, están destruyendo la selva local, lo que repercutirá en un severo daño al medio ambiente de la entidad.
Según estimaciones, la proporción de la zona selva en la entidad consideraría la pérdida de hasta el 40 por ciento de la vegetación catalogada como tal en Yucatán, que en su gran mayoría, afirmaron los activistas, se trata de territorio que pertenece a la etnia maya.
De acuerdo a tres organizaciones que ayer presentaron una herramienta cartográfica comparativa entre las condiciones de años pasados y las actuales, el avance de los proyectos de corte eólico, solar y el Tren Maya amenazan seriamente a la naturaleza y civilización maya.
-Los megaproyectos están poniendo en peligro la vida del pueblo maya. Las instituciones gubernamentales otorgan autorizaciones sin considerar que se trata de territorios indígenas y esto no puede seguir así -comentó Alfonso Hoil, habitante de San José Tipceh, en el municipio de Muna.
La herramienta de visualización y análisis de amenazas al territorio en la Península de Yucatán está disponible para el acceso del público en el sitio web https://ccmss.org.mx/VisualizadorPeninsulaYucatan/. Allí se muestra información sobre el crecimiento de la mancha urbana, deforestación zonas de desarrollo asociadas al Tren Maya, zonas industriales, entre otras categorías de amenazas a la región.
-Queremos que el gobierno respete la ley y que los funcionarios comprendan que se están violentando los derechos de los pueblos y las personas. Las comunidades mayas son las legítimas dueñas ancestrales de estas tierras. Hasta ahora, la inversión privada golpea a las comunidades y los gobiernos favorecen a los empresarios y no hacen nada para proteger a las comunidades -criticó Alfonso Hoil.
En términos de deforestación, tan solo en la zona urbana, según el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A. C. (CCMSS), Articulación Yucatán y Geocomunes, la herramienta web muestra una referencia considerable negativa en las áreas de ciudad que han desplazado por completo la vegetación de la zona.
En rueda de prensa ofrecida a medios de comunicación en un reconocido hotel de la capital yucateca, los representantes de las organizaciones antes mencionadas aseguraron que no hay condiciones que permitan proteger de los “grandes inversionistas” a la región.
Urbanización salvaje
El sitio web también ofrece un análisis sobre la expansión de la superficie urbana, e ilustra cómo las leyes, instituciones y políticas de Estado han sido modificadas estructuralmente para favorecer las estrategias de este modelo de desarrollo depredador. Explica que el primer ciclo de expansión urbana fue posible gracias a la incorporación del suelo ejidal al desarrollo urbano impulsado por la Ley Agraria de 1992 y la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) de 1993. La nueva LGAH, de 2016, favoreció un segundo ciclo de expansión urbana, de naturaleza vertical, con base en el modelo de ciudad compacta.
En Mérida, la urbanización ha avanzado sobre los ejidos de Caucel, Chuburná y Kanasín. En la Península de Yucatán la superficie urbana pasó de 27 mil hectáreas en 1990 a 75 mil en el 2019. Cabe mencionar que el 30% de esta urbanización se hizo sobre tierras ejidales. Un tercio de la expansión urbana durante este periodo se concentra en los municipios de Mérida (20.4%), en Yucatán, y Benito Juárez (15.7%), en Quintana Roo. El 65 % restante de la urbanización total en la península se concentra en otros diez municipios atravesados por proyectos de expansión de infraestructura de transporte.
En 1990 la urbanización sobre tierras ejidales (5,377 ha) representaba el 20% de la urbanización total. En 2019, la proporción aumentó al 40 % (30 mil ha); es decir, que en 20 años la urbanización de tierras ejidales se multiplicó por seis.
El proceso de urbanización de tierras ejidales presenta disparidades espaciales y temporales. En Campeche, la urbanización afectó con mayor intensidad a las tierras ejidales entre 2000 y 2010, cuando alcanzó el 66.9 %. En Quintana Roo, la presión sobre ejidos aumentó del 51% al 75 % desde el año 2010 y se mantiene hasta la actualidad. Finalmente, en Yucatán aumentó de 25% a 77%, entre 1990 y 2019.
Lo anterior lo dieron a conocer mediante comunicado oficial miembros de las organizaciones, entre los que se encuentran investigadores, activistas y personas de la sociedad civil.
En el rango “Selva” se estima que al año se pierden hasta 20 mil hectáreas de esta vegetación en el estado, de las cuales muestran el mayor impacto en la capital del estado, donde la mancha urbana se ha extendido velozmente en los últimos años.
PROYECTOS AUTORIZADOS
En relación a los proyectos sobre energía renovables, “en el marco de las Subastas de Largo Plazo (SLP) se han autorizado megaproyectos con criterios técnicos y financieros, excluyendo aspectos sociales, ambientales y culturales. En 2016, en Yucatán aterrizaron 50 % de los megaproyectos: 9 de los 18 aprobados de la Primera SLP (4 eólicos y 5 fotovoltaicos)”.
Esos megaproyectos no son los únicos. De 2012 a la fecha, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha autorizado 14 proyectos eólicos y 13 proyectos fotovoltaicos en la Península. La Semarnat ha publicado 29 manifestaciones de impacto ambiental (MIA) para 13 proyectos eólicos y 16 fotovoltaicos de la Península; 21 ya fueron autorizadas (9 eólicos y 12 fotovoltaicos), dos siguen en revisión y seis fueron negadas.
Según las MIA, la superficie que pretenden ocupar los proyectos autorizados es de casi 14 mil hectáreas (10,085 para parques eólicos y 3,811 para parques fotovoltaicos) de los cuales el 30 % está en tierras ejidales (4,192 ha).
Texto: Iván Duarte
Fotos: Cortesía
