La designación de los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras” por parte del presidente Donald Trump ha comenzado a ganar respaldo internacional. Ayer, el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, apoyó públicamente esa medida durante una conferencia conjunta con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en el puerto de Amberes, uno de los principales puntos de entrada de cocaína desde América Latina hacia Europa.
Trump firmó la orden ejecutiva 14157 en enero, en el inicio de su segundo mandato, incluyendo en la lista al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Golfo, además del Tren de Aragua de Venezuela y la MS-13 salvadoreña. Esta clasificación permite acciones extraterritoriales, similares a las emprendidas contra grupos yihadistas, y ha sido rechazada oficialmente por el gobierno mexicano.
De Wever justificó su apoyo argumentando que “existe un claro vínculo entre el terrorismo y el crimen relacionado con las drogas”, que amenaza la estabilidad de las sociedades occidentales. En Amberes, donde solo en 2023 se incautaron 116 toneladas de cocaína, cifra récord en Europa, las autoridades belgas consideran que la infiltración del narcotráfico en sus puertos y barrios ya no es un problema regional, sino transcontinental.
Además de las rutas de la cocaína, Bélgica y Países Bajos se han convertido en focos de producción de metanfetaminas, muchas veces operados por “cocineros” mexicanos vinculados a los grandes cárteles. Laboratorios clandestinos desmantelados en esos países revelan redes criminales cada vez más sofisticadas, con conexión directa con organizaciones delictivas mexicanas.
La declaración de De Wever marca un parteaguas: es el primer jefe de gobierno en la Unión Europea que respalda explícitamente la medida de Trump. Aunque el Consejo Europeo aún no ha incluido a los cárteles en su lista oficial de organizaciones terroristas, el apoyo de partidos conservadores y de ultraderecha en países como Bélgica, España y Polonia ha incrementado la presión política para revisar esa postura.
Para algunos gobiernos europeos, ya no se trata solo de tráfico de drogas, sino de una amenaza híbrida que requiere nuevas estrategias.
Texto y foto: Agencias
