Destartalado

Armando Escalante
Periodista y analista político

Llegó a mis ojos un artículo de The Washington Post firmado por Jorge Javier Romero Vadillo, profesor–investigador del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana–Xochimilco, en México, quien hace un repaso por los orígenes de la vida institucional de México bajo la tutela de los gobiernos pasados hasta llegar a los tiempos actuales.

El académico advierte que: “una parte relevante del desmantelamiento del Estado civil se ha concretado en la transferencia de funciones a las Fuerzas Armadas. Según el Inventario de lo militarizado, elaborado por el CIDE y México Unido Contra la Delincuencia, al menos 246 funciones de la administración civil han sido trasladadas a la militar, bajo el supuesto de que así funcionarán con menos corrupción y más eficiencia. En la realidad, la gestión militar implica mayor opacidad y menor rendición de cuentas, sin que existan evidencias de la mayor honestidad de los gestores castrenses.

El autor refiere que los cambios en las instituciones mexicanas costaron muchos sexenios de imposición del PRI que concentraba el poder, hasta llegar a etapas más recientes (de 20 a 30 años) que dieron lugar a la  pluralidad democrática, que hizo necesaria la profesionalización del servicio público.

“Entre 1990 y 2018 —nos recuerda— surgieron cuerpos estatales diseñados para evitar su captura por grupos de interés, ya sea político o económico. El Instituto Federal Electoral (hoy Nacional, INE), el Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) nacieron como órganos autónomos del Estado, dirigidos por cuerpos colegiados nombrados por coaliciones políticas consensuales, en un país donde el Estado había dejado de ser monopolio de un partido”.

Romero precisa que “durante las dos primeras décadas de este siglo fueron creadas o adquirieron autonomía agencias estatales como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En estos órganos se ha ido gestando una nueva administración pública, mucho menos politizada, más especializada y permanente”.

Y concluye: “El gobierno de López dejará, al final, un Estado aún más destartalado del que recibió, menos profesionalizado pero más clientelista y militarizado. La tarea de construir una administración de carrera es una asignatura pendiente del proceso de reforma del Estado, necesaria para que México transite a un orden social de acceso abierto, capaz de generar incentivos para el desarrollo económico y social. En la agenda política del futuro, este tema debería ocupar un lugar central”.

Y hablando de instituciones destruidas, que alguien le avise a la señora Piedra Ibarra de la ex CNDH —ahora co-dependiente del Ejecutivo— que un sonado caso que le llegó hace meses, fue esclarecido respecto de la versión preliminar y quedó probado por la Fiscalía General de la República (cercana al presidente López) que los hechos no fueron para nada como —políticamente— se intentó manipular. Ni violación ni tortura según resolvió la institución “imparcial” a la que recurrió el peje cuando lo involucraron. ¿Cuál disculpa y cuál indemnización recomienda la ex CNDH?

Llama la atención que la “desaparecida” Comisión no dictamine ni resuelva sobre otros sonados casos y sí, extrañamente, se ocupe de hechos que ya fueron confirmados en otro sentido. Su tardía recomendación choca con “los otros datos” que tiene el presidente sobre ese mismo asunto. Mejor que atienda las denuncias de migrantes haitianos, cubanos, centroamericanos, etc. por maltratos, violencia institucional, corrupción y de derechos humanos que documentan los medios de comunicación y revise mejor los numerosos casos de niños con cáncer sin tratamientos cuyos padres exigen al gobierno de AMLO —sin respuesta— que no los deje morir.

El xix.—¿Qué hacer con gente que reclama y exige que en Yucatán se impongan medidas restrictivas a la intensa movilidad pero luego cuando vienen las cuarentenas, imposición de aforos, cierres de negocios y reducción de horarios son los primeros en vociferar contra el gobierno y llamarle “dictador” al Gobernador por intentar proteger a la gente para que no haya más contagios? No tienen que llenarse hospitales y panteones… basta ver el colapso mundial en vuelos y otros transportes para entender que los contagios masivos sí trastornan las actividades económicas.

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