El investigador Marcos Rodríguez puntualiza que México debería atender y monitorear las resoluciones emitidas por los jueces acerca de las leyes que resultan inconstitucionales
La cordinación y diálogo entre los poderes Legislativo y Judicial para que los legisladores modifiquen leyes que son contrarias a la Constitución y a los convenios en materia de derechos humanos de los que México es parte, es necesaria para que dejen de existir leyes y normas inconstitucionales, expresó el Dr. Marcos del Rosario Rodríguez en una conferencia que ofreció ayer en el auditorio “Víctor Manuel Cervera Pacheco” del Tribunal Superior de Justicia.
Rodríguez habló de los conceptos denominados Control de Convencionalidad y Control difuso de Convencionalidad, este último permite a los jueces de cada entidad federativa, e incluso las autoridades administrativas y los legisladores, detectar discrepancias entre las leyes internas y los contenidos en materia de derechos humanos de la Constitución y de los Convenios internacionales firmados por México en esta materia.
El investigador del Sistema Nacional de Investigadores y autor de diversos libros sobre derecho constitucional se refirió a la importancia de que los jueces locales ejerzan su facultad para realizar estos controles que favorecen la protección de los derechos humanos, pero también refirió que los poderes legislativos deberían ejercerlos antes de emitir leyes o cuando proponen modificaciones a las normas, verificando que éstas se encuentran de conformidad con los contenidos de la Constitución y de los Convenios en materia de derechos humanos.
Puntualizó que México debería atender y monitorear las resoluciones emitidas por los jueces acerca de las leyes o las partes de estas que resultan contrarias a la Constitución y a los Convenios en materia de derechos humanos y refirió el modelo canadiense que cuenta con un órgano que monitorea la inconstitucionalidad de la norma para actualizarla en el proceso legislativo.
Dijo que estos mecanismos se aplican a nuestro país porque México ya ratificó la Convención Americana de los Derechos Humanos y también reconoce la jurisprudencia de la COIDH, por lo tanto el Estado Mexicano está obligado a llevar a cabo este control.
Explicó que, aunque mayormente se refleja en la labor judicial, en realidad este control de convencionalidad lo deben realizar todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, incluyendo a las autoridades administrativas, las cuales pueden realizar una interpretación conforme para salvaguardar los derechos humanos.
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