Campesinos de Maxcanú, Ixil y Samahil denuncian también a autoridades ejidales por venta ilegal de terrenos y amenazas
Ante el anuncio de varios proyectos que se construirán en la periferia de Mérida, como el Tren Maya, el nuevo aeropuerto, o el desarrollo habitacional denominado Ciudad Ucú, los terrenos ubicados en los municipios con participación en dichas obras son motivo de especulación para los empresarios, quienes, con ayuda de los comisarios ejidales de estas localidades, pueden comprar extensiones de tierra de manera ilegal, acusaron ejidatarios de Maxcanú, Ixil y Samahil a las afueras del Tribunal Agrario de Yucatán.
Humberto Canul Ek, ejidatario de Maxcanú, señaló a Alfredo Argaez Canul, comisario ejidal dicho municipio, de estar coludido con los empresarios para venderles tierras antes de que concluya su periodo en dicho cargo, esto sin realizar los procesos marcados por la ley, es decir, sin consultar a la máxima autoridad ejidal, que es el Asamblea Ejidal e incluso sin tener un certificado de derecho agrario.
Canul Ek acusó al “cacique” de Maxcanú, Camilo May Cauich, de ser un especulador con las tierras y que junto con Fausto Pereira Carmona, han amenazado a los ejidatarios del municipio, asegurando que cualquier acción que tomen los campesinos contra ellos tendrán consecuencias.
Alrededor de 27 mil hectáreas son las afectadas, de acuerdo a lo declarado por los manifestantes, quienes abundaron que continuarán su lucha para que no les sigan robando sus tierras. En especial, ahora que ya se están realizando las obras para el Tren Maya, lo que consideran incrementa el valor de los terrenos.
Por su parte, Lorenzo Balam, ejidatario de Samahil, declaró que este problema con las tierras lo tienen desde el 2016, cuando se dieron cuenta que un año antes les habían robado 2 mil hectáreas de terrenos ejidales en el mencionado municipio. Delito del que acusaron al empresario Gabriel Guzmán Millet.
Todos los ejidatarios que acudieron a la manifestación forman parte del Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida, una organización que se denomina a sí misma como defensora ejidal, y que lucha contra la venta ilegal de terrenos en cada uno de los 106 municipios, asegurando que es su derecho y que los empresarios no puede llegar a pisotearlos.
Texto y foto: Diego Cervantes
