Es hora de consolidar a la Suprema Corte como tribunal constitucional de México

El 14 de diciembre de 2016, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Luis María Aguilar
Morales, rindió el informe de labores correspondiente al citado año. Fueron muchos los datos destacados, así como los mensajes que se expresaron en dicho informe, pero quisiera hacer referencia solo a un punto: la cantidad de asuntos recibidos y resueltos por la Corte en el plazo informado, y la necesidad de que estos se reduzcan drásticamente.En 2016 la Suprema Corte recibió 16,139 expedientes, de los cuales se resolvieron más de 12,600 en ese periodo. El ministro presidente destacó que esta carga de trabajo es anómala en el derecho comparado. Refirió, por ejemplo, que las Cortes Supremas de Estados Unidos y Canadá resuelven, en promedio, entre 70 y 80 asuntos al año. En España, en este periodo se resolvieron 214 expedientes, mientras que en Chile se dictan aproximadamente 115 resoluciones al año. El ministro Luis Aguilar refirió que la diferencia entre la Corte mexicana y algunos de los ejemplos antes señalado estriba en que ciertos tribunales tienen la facultad de elegir qué asuntos conocerán. A unos meses del centenario de la promulgación de la Constitución mexicana, me parece que es momento de dar el paso
necesario para lograr la consolidación plena de la Corte en el tribunal constitucional que ya es. Antes de continuar con este post, recordemos que pueden existir 3 tipos de tribunales: los de legalidad, los de constitucionalidad y los mixtos. Los primeros (de legalidad) son los que resuelven los asuntos cotidianos, del día a día, tales como los juicios penales o familiares, aplicando las reglas y principios que están establecidos en la ley. Los tribunales de constitucionalidad, por su parte, tienen la función de analizar si determinados actos o
leyes se ajustan a lo que ordena la constitución. Finalmente, los mixtos realizan ambas funciones, tal como acontece actualmente con nuestra Suprema Corte. A efecto de finalizar la transición de la Corte a un tribunal constitucional, es necesario quitarle la obligación de resolver miles de asuntos que son propios de un tribunal de legalidad y que, dicho sea de paso, diariamente llegan a ella. Para lograr lo anterior, es necesaria dotarla de la
facultad de elegir libremente los asuntos que resolverá, mediante una adaptación del writ of certiorari del derecho estadounidense, en el que pueda aceptar o rechazar el conocimiento de un asunto, sin la necesidad de justificar el porqué sí (o no) atrajo un asunto para resolver. Los beneficios de esta consolidación serían evidentes. En
primer lugar, los 11 ministros que actualmente conforman la Corte concentrarían todo su esfuerzo en los asuntos de mayor trascendencia para el orden social, económico y político de nuestra Nación, sin distraerse en asuntos que no tengan tal impacto, que pueden ser resueltos por otras instancias del propio poder judicial federal. De esta manera, la Suprema Corte solo conocería de asuntos directamente relacionados con la protección de los derechos humanos, tales como la prohibición de la discriminación, la materialización de derechos de sectores desprotegidos, como la niñez, adultos mayores o pueblos originarios (indígenas). E incluso definir los alcances o límites de nuevos derechos que se vislumbran puedan llegar a nuestro país en poco tiempo, tales como el derecho al internet (entre otras formas de tecnología), la eutanasia o el suicidio asistido. Asimismo, la Suprema Corte seguiría resolviendo los conflictos políticos de mayor envergadura, como acontece cuando dos poderes (federales, locales o
municipales) se enfrentan entre sí, delimitando cuáles son las competencias y atribuciones de cada uno. Para lograr estos cambios no es necesaria la creación de nuevas autoridades, ya que los asuntos que sean rechazados por la Corte, y que actualmente son de su competencia, se pueden delegar a los órganos ya existentes. Es tiempo de un gran debate nacional sobre el actual sistema de impartición de justicia de nuestro país, en el que intervengan la ciudadanía, la sociedad civil, los abogados, los poderes judiciales, legislativos y ejecutivos, así como las universidades, entre otros actores políticos y sociales. El tema propuesto por el ministro presidente es un buen punto para empezar.- huffingtonpost. com.mx

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