Por Carlos Hornelas
En días recientes han aparecido mantas con el logotipo del ayuntamiento en algunas colonias de la ciudad de Mérida que señalan al público en general que el espacio que demarcan está considerado como zona de alto contagio del COVID-19. Dejan, por tanto, a criterio del lector, su ingreso a dicho barrio.
En la antiguëdad a los leprosos se les apartaba del cuerpo social y se les reservaba un espacio específico de confinación para evitar el contagio. Se advertía al transeúnte sobre el lugar que estaba a punto de pisar, y por supuesto, de los riesgos a los que estaba expuesto si avanzaba. Esta práctica, que puede parecer cruel, anteponía el bien o la salud de la mayoría frente a quienes se habían contaminado con el mal, cuyo destino estaba sellado.
Tanto el ayuntamiento como el gobierno del Estado han utilizado los recursos informáticos en línea de que disponen para actualizar los datos sobre los afectados por la pandemia y señalarlos en un mapa digital que puede consultarse diariamente con los últimos reportes. De esta manera la ciudadanía podrá conocer la situación cercana a su localidad y tomar las previsiones que estime necesarias.
No obstante, dicha información se mantiene a partir de la urgencia que esta situación extraordinaria impone, de tal suerte que, debido al peligro de contagio y de las condiciones de los nosocomios, es necesario tomar medidas que estén a la altura de las circunstancias.
En un escenario “normal” no tenemos la actualización de una serie de datos que se muestren al público de manera tan transparente como el mapa digital que comentamos. A pesar de tener un registro del origen de otras enfermedades, y saber dónde se localizan los pacientes, pongamos por ejemplo algo no contagioso como el dengue o el zika, esos datos no están tan a la mano de los ciudadanos.
Tampoco aquellos con relación a la actividad delincuencial, de manera que pudiéramos saber en qué zonas se presenta el mayor número de asaltos o el tipo de delitos de mayor frecuencia en la ciudad. Sin duda muchos de estos “mapas” que, gracias a las estadísticas, las tecnologías digitales y la organización de su presentación son inestimablemente útiles plantean una problemática paralela respecto a su manejo y divulgación.
Si, así como en el mapa de distribución de los pacientes con COVID 19 podemos conocer su geolocalización en las respectivas colonias para saber cuáles son las zonas de alto riesgo, cabría preguntar ¿qué pasaría si también se colocaran mantas al acceso a una determinada colonia para señalar que uno se encuentra en una zona de alto riesgo delictivo, por ejemplo?
Entiendo que se trata de una situación extraordinaria que busca detener la difusión de la enfermedad y persuadir a los transeúntes de evitar ciertas zonas que se han probado, estadísticamente hablando, ser peligrosas.
También se han puesto multas a quienes ponen en riesgo a la población en general, a quienes transitan después de las horas indicadas por las autoridades o a quienes organizan reuniones que desestiman guardar la sana distancia.
Lo que me preocupa es que, de continuar con la misma tendencia en el incremento de casos, la autoridad trate de escalar estas medidas e imponga nuevas restricciones.
Los que cumplimos cabalmente estamos pagando por quienes irresponsablemente ignoran sistemáticamente las indicaciones de las autoridades. Sin embargo, no es pretexto para señalar a los habitantes de toda una colonia con un letrero y provocar su estigmatización. Todas las etiquetas pueden ser peligrosas.
