La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del Gobierno de Yucatán ordenó la suspensión de actividades de la granja bovina de San Antonio Chel por no contar con las medidas necesarias para prevenir y mitigar daños al medio ambiente. Esta decisión se da en cumplimiento de la orden emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Yucatán, quien se encuentra resolviendo el juicio de la comunidad maya contra la granja.
La Unión de Pobladores y Avecindados de la Comunidad de San Antonio Chel dieron a conocer que la SDS ordenó la suspensión de las actividades de la granja para el efecto de que “se abstenga de ingresar nuevo ganado vacuno para proceso de engorda” aclarando que una vez terminado dicho proceso no podrá ingresar nuevas vacas hasta que cumplan con un catálogo de requisitos.
Entre los diez requisitos que deberá cumplir la granja para poder operar regularmente se encuentra instalar un sistema de tratamiento de aguas residuales, así como un biodigestor de geomembrana y una laguna de oxidación de 17 metros.
Cecilio Bacab, habitante de San Antonio Chel, señaló que los permisos dados por CONAGUA “de la noche a la mañana” parecieran un intento por defender los intereses del complejo de más de 900 vacas que se encuentra vertiendo agua con excremento en el sistema de cenotes de la zona.
“La CONAGUA sabía del caso y no hizo nada, pero ahora dicen que les dieron todos los permisos sin haber venido a comprobar cómo están contaminando”, menciono el señor Bacab.
La Unión de Pobladores también anunció que el Juez Segundo de Distrito en Yucatán resolvió que la CONAGUA no dio pruebas de que el Dictamen para dar los permisos se hubiese elaborado tomando en consideración las condiciones actuales que imperan en la granja, razón por la cual le dio a dicha instancia un plazo de tres días pasa aclarar esa situación.
Los abogados de la comunidad, Carlos Escoffié Duarte y Guillermo Solís Guillermo, señalaron que el Ayuntamiento de Hunucmá continúa en total desacato de la suspensión ordenada por el Juzgado de Distrito. Además, señalaron que la decisión de la SDS es un gran paso para la defensa de la comunidad de San Antonio Chel, pero debe dársele seguimiento a la implementación de la medida, por lo que el Gobierno de Yucatán debería contar con un inventario de las vacas para acreditar que, efectivamente, no se están ingresando nuevas cabezas hasta que no cumplan con las medidas ordenadas.
Escoffié y Solís también aclararon que la decisión de la SDS no interrumpe el juicio, el cual se encuentra actualmente en etapa de peritajes ambientales, así como el desahogo de otras pruebas que quedarían pendientes.
- fuente: comunicado
