Miles de jubilados y pensionados en Yucatán viven en condiciones de precariedad, tanto económica como de atención a la salud, todo ello provocado por la mala aplicación de una reforma constitucional al Artículo 123 desde el 2016, al cambiar el tope de los pagos de pensiones en UMA y no en Salarios Mínimos como deben de ser.
Debido a ello es que este jueves varios integrantes de la Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados en Yucatán acudieron al Congreso del Estado para solicitar, una vez más, el apoyo de los diputados locales para que aprueben Puntos de Acuerdo para que los diputados federales atiendan este caso, que pone en riesgo el ingreso de los jubilados y pensionados de todo el país.
En entrevista, la profesora Ligia Esther González Rivero dijo que el Gobierno federal y los estatales no han creado iniciativas, estrategias, y acciones políticas y jurídicas que resuelvan esta grave problemática social.
“Hoy en nuestro país, el Derecho Humano a la Seguridad Social se encuentra en uno de los momentos más críticos, urge que el Poder Legislativo haga lo conducente para resolver este problema”, indicó la entrevistada.
Estuvo acompañada por varios jubilados y pensionados en la entrega de un documento en la oficina de Oficialia de Partes, además de que fue atendida por una comisión de funcionarios del Poder Legislativo.
Texto y foto: Esteban Cruz Obando
