El presidente López Obrador sigue modificando aspectos esenciales en las estrategias del gobierno respecto de lo que hicieron sus antecesores. En una medida sin precedentes, anunció y ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas en las instalaciones estratégicas de Pemex, particularmente en las refinerías, pero en particular, en el centro de control y monitoreo de los flujos de combustibles de la paraestatal.
El diagnóstico, a decir del presidente, es demoledor: cada año Pemex pierde alrededor de 60 mil millones de pesos debido al robo de combustibles y de otros productos derivados del petróleo.
El huachicoleo, como se le conoce popularmente, es una de las actividades más perversas desarrolladas por el crimen organizado en México, no solo por las condiciones de corrupción institucional y policial que lo posibilitan, sino por la enorme mortandad que ha generado en estados como Guanajuato, Puebla, Jalisco y Oaxaca, por citar solo algunos de los ejemplos más emblemáticos.
En efecto, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cifra de homicidios dolosos en Guanajuato rebasará los 3,300 casos, de los cuales, cerca de 3 mil habrían sido cometidos con arma de fuego. Lo que revela el nivel de presencia de la criminalidad, al grado de haber convertido a esa entidad en la más sangrienta del país, considerando el número absoluto de ejecuciones que se han registrado entre 2017 y el año que concluye.
Sin duda la medida ya en implementación del nuevo gobierno es audaz y rompe con la estrategia centrada exclusivamente en el combate al tráfico de drogas implementadas en el “calderonato” y el peñato”, periodos en los que se permitió el saqueo de Pemex, en un tema que constituye un escándalo que podría ser mayor incluso que el de Odebrecht, por el nivel de pérdidas y de corrupción de la paraestatal.
Combatir el robo de hidrocarburos era sin duda impostergable y no podía seguirse por el mismo rumbo seguido por las últimas tres administraciones federales. Sin embargo, hay algunas cuestiones en las que es necesario poner atención a fin de que esta medida tenga plena eficacia.
La primera es la irresponsabilidad de los gobernadores en donde hay mayor presencia de huachicoleo. Paradgimáticamente es preocupante el mencionado estado de Guanajuato, donde el joven gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo ha optado por la inacción y la ratificación de su procurador y secretario de Seguridad Pública, incluso con el aval (¿conseguido bajo qué presiones?), del sector empresarial, el cual implementó una “cargada” de apoyos a esta medida inusualmente sospechosa y sin precedentes en prácticamente todo el país.
En ese sentido, la pregunta es hasta dónde los gobiernos de los estados en que el huachicoleo está presente tienen algo que ver, por acción u omisión, y hasta dónde habrán de colaborar efectivamente para derrotar a los delincuentes en el marco de la estrategia implementada por el gobierno de la República.
Asimismo, habrá que estar atentos a los “efectos no deseados” de la nueva estrategia. Por ejemplo, desde que se anunció el esquema contra el huachicoleo, en el estado de Guanajuato se cometieron más de 40 ejecuciones en solo tres días, en municipios asolados por la violencia y la muerte como Apaseo el Alto, Salvatierra, Irapuato, Salamanca, Yuriria, Celaya y León, varios de ellos catalogados ya en la lista de los municipios con mayor número, pero también tasa de homicidios dolosos en México.
El otro tema urgente es la urgencia de una poderosa estrategia de prevención y protección de niñas, niños y adolescentes; en efecto, de acuerdo con los datos oficiales, entre 2015 y noviembre de 2018, los estados con mayor número de homicidios de menores de 18 años, cometidos con arma de fuego, son Chihuahua con 314 casos; Guanajuato, con 226; Estado de México, con 221; Guerrero con 193 y Michoacán con 151.
Lo que es innegable es que, a partir de la medida que comenzó a implementarse, el Estado mexicano no podrá dar marcha atrás y se tendrá que ir a las últimas consecuencias, pues sin duda, en este asunto están involucrados no solo los funcionarios de Pemex, sino también entidades de la iniciativa privada. No puede obviarse que los 60 mil millones de pesos de pérdidas anuales que mencionó el presidente López Obrador tuvieron que “blanquearse” por algún lado.
Así, surgen más dudas: ¿qué bancos o entidades financieras fueron utilizadas para el lavado de ese dinero?, ¿hubo otros mecanismos como compra o construcción de inmuebles? ¿cuántas gasolineras participan o participaban en esta actividad? ¿Han sido financiados negocios “lícitos” con ese dinero”? ¿Fueron financiadas campañas políticas con el dinero del combustible maldito?
La tercer cuestión es el negativo impacto producido por la alteración de la distribución de gasolina, lo cual ha generado un importante desabasto en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Puebla, e incluso en algunas zonas del estado de México. Esto, a decir de la presidencia, habrá de corregirse en las siguientes horas, luego de ya casi una semana de esta problemática.
Al respecto, lo que sí es un hecho es que el combate a este flagelo no puede darse solo cerrando ductos, sino que debe ir al fondo en las rutas ya señaladas: sancionar a los funcionarios coludidos en Pemex, así como en las corporaciones policiacas y de procuración de justicia; desarticular a las bandas que se dedican a este jugoso negocio ilícito, e investigar cuáles entidades financieras y negocios establecidos se prestaron para el lavado del dinero obtenido durante décadas, a través de este delito.
En esta medida, que debe reconocerse como valiente, el nuevo gobierno se juega la posibilidad real de comenzar a pacificar al país; pero al mismo tiempo, el combate al huachicoleo deberá estar acompañado de una estrategia que prevenga la “migración” de los delincuentes dedicados a esta actividad, a otras de igual o similar impacto social: secuestro, trata de personas, extorsión, robo a casa-habitación, robo de vehículos; robo en transporte público porque, siendo realistas, es difícil imaginar que un delincuente que percibe de 15 a 30 mil pesos mensuales, decida de la noche a la mañana tener una beca de 3,600 pesos como aprendiz de alguna empresa.
De acuerdo con varios expertos, este tipo de medidas generan, en el corto plazo, una profundización de la violencia; que si logra controlarse, permite transitar hacia la pacificación de las regiones donde priva la violencia. Por eso urge que los gobiernos estatales y municipales de las regiones donde operan los huachicoleros asuman su parte, porque de otro modo, la sangre seguirá corriendo con las nefastas consecuencias que esto tiene para la cohesión social y la posibilidad de sociedades convivenciales.
Los datos de los próximos meses permitirán evaluar la eficacia de esta medida que, por el bien de todos, es más que deseable que funcione.
Texto y fotos: Agencias
