La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció a favor del derecho de las víctimas de violación a tener acceso a la interrupción legal del embarazo.
Durante la sesión del Pleno de la Corte, una mayoría de ocho ministros votó a favor de declarar constitucional la NOM 046.
La norma establece que basta con que las víctimas manifiesten bajo protesta de decir verdad verbalmente o por escrito que fueron agredidas sexualmente para que se les practique el aborto en cualquier institución de salud pública sin necesidad de presentar una denuncia previamente u obtener autorización judicial.
El asunto derivó de la controversia constitucional presentada por el Poder Ejecutivo de Baja California contra la creación de dicha NOM en marzo de 2016.
El Poder Ejecutivo de Baja California alegó que el proceso por el que la NOM 046 fue creada, violentó la ley de Normalización y Metrología.
Durante la sesión, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar enfatizó en que el Máximo Tribunal debe defender el derecho de la mujer a decidir, sobre todo ante las autoridades que utilizan cualquier herramienta legal para intentar impedir el acceso a este derecho, principalmente, a las niñas del país.
Para que el fallo final contenga las opiniones de la mayoría de los ministros, el asunto fue returnado, por lo que será hasta que se presente el nuevo proyecto para que el Pleno vote por la constitucionalidad de la NOM 046.
CASO DE LOS FEDERALES
En otra noticia, ayer se formalizó la creación de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Sspc) para transferir los recursos humanos, financieros y materiales de la Policía Federal (PF) a la Guardia Nacional (GN), así como la extinción del cuerpo policiaco.
El acuerdo de su creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), señaló que la Unidad de Transición se conformará con personal comisionado de la Policía Federal y la Unidad de Administración y Finanzas de la SSPC proveerá lo necesario para su operación.
La Unidad deberá garantizar la eficiencia, eficacia y transparencia del proceso de transferencia de los recursos, a través de mecanismos para la reubicación laboral y la liquidación de las obligaciones que ya no tenga la Policía Federal.
También, debería elaborar y presentar al titular de la Secretaría de Seguridad, Alfonso Durazo, los planes estratégicos para la extinción de la Policía Federal y proponer los procesos de liquidación de pasivos, según lo dicten las normas de las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública.
Además, la Unidad de Transición deberá coordinarse con otras instituciones a donde vayan los elementos de la Policía Federal que no formen parte de la Guardia Nacional, llevar un registro y control de los mismos.
Según la fracción décima del artículo tercero del acuerdo, la Unidad podrá ejercer “las más amplias facultades para actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas, así como para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo las requieran poder o cláusula especial”.
Texto y foto: El Universal
