La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), María Guadalupe Méndez Correa, presentó su informe de actividades ante el Congreso local, donde explicó que durante el año pasado se emitieron 16 recomendaciones derivadas de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía.
Estas recomendaciones fueron dirigidas a 19 autoridades, a quienes se exhortó a dar cumplimiento a las medidas señaladas. Durante su mensaje, la presidenta dijo que “la defensa de la dignidad de las personas no es una consigna, sino una práctica pública cotidiana.”
La ombudsperson, durante su informe ante los 35 diputados, detalló que en 33 años se visualiza una justicia restaurativa, en especial para grupos o personas vulnerables que han sido objeto de la violación a sus derechos humanos.
“No se puede combatir desigualdades históricas sin información actualizada; la Encuesta Estatal de Discriminación lleva 11 años sin renovarse, lo que limita nuestra capacidad para diseñar políticas públicas eficientes”, mencionó.
Méndez Correa advirtió que la entidad enfrenta un panorama crítico en materia de salud mental, discriminación estructural y desigualdad, al presentar un diagnóstico que, dijo, no puede minimizarse ni tratarse como hechos aislados.
“Durante el 2025, Yucatán alcanzó el primer lugar en tasa de suicidio; esto no puede reducirse a una estadística, pues es una señal estructural que interpela nuestras políticas públicas, nuestros entornos escolares, laborales, familiares y comunitarios”, señaló.
Méndez Correa dijo que el problema exige una respuesta de fondo y no solo campañas informativas: “La salud mental debe abordarse como un desafío prevenible con enfoque intersectorial, perspectiva de género, interseccionalidad y presupuesto suficiente. No bastan los mensajes, necesitamos prevenir, reparar y acompañar”.
En el ámbito ambiental, advirtió que la vulnerabilidad climática de la región peninsular pone en riesgo derechos fundamentales. Señaló que la erosión costera, el crecimiento inmobiliario sin control y los megaproyectos demandan “mecanismos horizontales de diálogo con las comunidades, especialmente las racializadas como la maya y otros pueblos”.
En materia laboral, consideró urgente garantizar oportunidades reales para grupos de atención prioritaria. Asimismo, sostuvo que las violaciones a derechos humanos no ocurren de manera fortuita.
“Las violaciones no ocurren por azar ni en el vacío, se producen dentro de sistemas históricos que han distribuido el poder, el reconocimiento y el acceso a derechos de manera desigual”, mencionó.
Texto y foto: Alejandro Ruvalcaba
