El horizonte judicial de Cristina Fernández de Kirchner es cada día más sombrío. Un día después de ser procesada como la presunta jefa de una asociación ilícita destinada al cobro de sobornos, la expresidenta argentina volvió a los tribunales. Se presentó a la citación del juez Sebastián Casanello, que tiene en sus manos otra de las seis causas abiertas contra ella. La conocida como ruta del dinero K investiga una red de lavado de dinero, presuntamente liderada por el empresario Lázaro Báez, acusado de enriquecerse con la concesión de obras públicas durante el kirchnerismo.
Casanello citó a la exmandataria por orden de la Cámara Federal, que vio indicios de posibles vínculos entre el dinero de Báez y el de Fernández de Kirchner, al estar ambos procesados en otras causas de corrupción. Como en anteriores declaraciones indagatorias, la expresidenta -en el cargo hasta finales de 2015- se negó a responder a las preguntas del magistrado y se limitó a presentar un escrito para negar sus vínculos con Báez y defenderse de la acusación.
“No solo desconozco por completo esta supuesta maniobra, sino que no existe ningún elemento de prueba que me vincule a la misma”, dice Fernández de Kirchner en el escrito, difundido a través de sus redes sociales, al tiempo que se declaraba nuevamente una perseguida política. “Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno”.
Báez está acusado de amasar una gran fortuna a la sombra del expresidente Néstor Kirchner, a quien conoció cuando este era alcalde de Río Gallegos. El hoy empresario era entonces un humilde cajero de banco que pronto se hizo multimillonario como constructor. La llegada de Kirchner a la Gobernación de Santa Cruz primero y a la presidencia argentina años más tarde abrió a Báez la puerta grande del poder.
Texto y foto: Agencias
