La revocación de mandato, aprobada anteayer por el Congreso, despertó temores que el propio Presidente se encargó de desmentir con su característico estilo: “No soy un ambicioso vulgar… voy a servir, si lo decide el pueblo, seis años. Y que a finales del 2024, termino mi mandato, atentamente: ya saben quién”.
Lo cierto es que, vulgar o no, la intención de someterse a la voluntad de la nación para saber si continúa o no en el poder, una vez que haya cumplido sus primeros dos años como Presidente, despierta sospechas que más valiera no hacer surgir.
Gustavo de Hoyos Walther, líder de la Coparmex, expresó, a través de un video, algunas buenas razones para no seguir con esta idea: es impráctico tener a un mandatario en campaña para defender, con hechos o a través de la tribuna, su ejercicio en el poder o la eminente banalización de los mecanismos de consulta directa que el propio López Obrador ha tenido a bien poner en práctica, aunque con distintos errores y vicios de origen.
Así, más allá de la suposición sobre que este recurso implicaría un intento de reelección —negado por el Presidente, tal y como se establece en la cita del principio—acaso sería más eficaz utilizar las consultas para preguntar a la nación sobre otros asuntos de trascendencia.
La Constitución, al igual que los mecanismos que de ella emanan, debiera ser suficientes para regular la actuación del Presidente, incluso si se requiere destituirlo.
La intención de López Obrador, posiblemente honesta, de someterse al mandato popular para revocar su mandato no es mala por sí misma.
Sin embargo, también sería honesto instruir a las Cámaras para aplicar la ley y elegir un Presidente interino o sustituto, como marca la propia Carta Magna, en caso de que él faltase a la Constitución o fuese incapaz de gobernar.
Hay un entramado legal en México que contempla muchas situaciones, pero que, inmóvil por décadas, deja de servir.
Aplicar las leyes existentes parece una solución suficiente para resolver cualquier problema de fondo.
