La Organización Latinoamericana de Energía (Olade) calcula que Latinoamérica podría contar con 20 millones de vehículos eléctricos en 2030 “si persiste la tasa de crecimiento del parque automotriz eléctrico generado postpandemia”, informó su secretario ejecutivo, Andrés Rebolledo.
En una conferencia sobre eficiencia energética, destacó la importancia de intervenir con políticas de Estado en los diferentes sectores que “trasciendan ciclos políticos” y destacó el transporte como uno de los más importantes para efectuar la transición energética.
Apuntó que el semblante del consumo energético de América Latina se reparte entre un cinco por ciento relativo al consumo comercial y público; el 20 por ciento al residencial; el 30 por ciento al industrial y el 40 por ciento al transporte, por lo que, lo que se haga en este último sector, determina la eficiencia energética.
Según Olade, actualmente hay unos 250 mil vehículos eléctricos en la región, que -según Rebolledo- podría aumentar hasta unos 20 millones en 2030 si continúa la tendencia de los últimos años.
Para abastecer de energía a este parque de vehículos eléctricos, se requerirá al 2030 un equivalente al tres por ciento de la generación eléctrica total actual de la región.
El viceministro de electricidad de Ecuador Fabián Calero, apuntó que en el escuerzo de eficiencia energética, su país plantea sustituir para 2028 el 20 por ciento del parque automotriz de las empresas públicas por vehículos eléctricos, lo que supondrá 261 nuevos.
“América Latina tiene un liderazgo indudable en ese tema, estamos haciendo cosas muy interesantes no solo en su transformación en energía limpia sino a propósito de la riqueza de sus minerales como el litio, el cobre, etc”, subrayó el representante de Olade.
Diferentes ponentes en la conferencia señalaron la importancia de impulsar estas medidas mediante una colaboración, que incluya propuestas estatales recogidas en regulaciones efectivas que faciliten y promuevan la puesta en marcha de iniciativas privadas de empresas o particulares.
Con este fin, la directora del centro de Copenhague (Dinamarca) sobre Eficiencia Energética, Gabriela Prata, resaltó la necesidad de involucrar en estos procedimientos al sector privado y las universidades, como agentes encargados de ayudar a “identificar dónde están las necesidades de capacitación y formación” para tener la capacidad de “implementar las políticas energéticas”.
En representación del Ministerio de Industrias, Energía y Minería de Uruguay, Sebastián Weinberg, apuntó que entre las políticas de incentivo que “se están usando mucho” destacan beneficios fiscales y mejoras en las tasas de interés en créditos para aquellas construcciones certificadas bajo algún estándar internacional.
Texto y foto: EFE / Agencias
