Por María de la Lama
Estamos de acuerdo en que todos merecemos justicia. Sólo no estamos de acuerdo en qué es lo que demanda la justicia. ¿Que se le premie a cada quien sus logros, y que se le castiguen sus errores? ¿O que se premie su esfuerzo, independientemente del resultado? ¿o que nos toque a todos lo mismo, o un determinado mínimo, independientemente de lo que hagamos o no hagamos? La mayoría de las políticas públicas surgen de una o varias de estas respuestas a la pregunta de qué es lo justo. Aunque cada tendencia, partido político o persona prefiere una u otra respuesta, casi nadie es realmente consistente, porque todas estas posibles respuestas están fundamentadas en intuiciones que todos compartimos.
Tanto la justicia ligada a los logros, como la atada al esfuerzo, o la incondicional, pueden explicarse desde la idea de mérito. Una sostiene que los logros tienen méritos, otra que el esfuerzo, y la última, que nada. Como escribí la semana pasada, este modelo meritocrático es una cuerda resbalosa desde cualquiera de estas respuestas. Se resbala hacia uno de dos extremos: o a la cruel ley de la selva, o al comunismo ineficiente. ¿Cómo formular una teoría de la justicia que sea coherente, sin caer en estos extremos? ¿Podemos pensar en una idea de justicia que no tenga que ver con los méritos?
Una alternativa puede ser pensar en la justicia desde la idea del contrato social. Si la sociedad es un órgano que garantiza y funciona mediante la cooperación, tal vez las reglas de la sociedad deban estar dirigidas a mantener esta cooperación.
Tal vez, cuando decimos que las leyes deben ser justas nos referimos a que deben garantizar la mayor cooperación posible. Decir esto no resuelve tanto, porque está claro que cada quién pone diferentes condiciones para su colaboración.
Sin embargo, al atar la justicia a un parámetro empírico objetivo, el nivel de cooperación de los individuos de la sociedad, podemos justificar el mezclar diferentes intuiciones contradictorias en la organización de la sociedad. Y podemos estar de acuerdo con las leyes y obedecerlas incluso cuando algunas de estas no surgen de nuestra respuesta personal a la pregunta sobre qué es lo justo.
Incluso si yo creo que nada tiene mérito, porque nadie es libre, puedo estar de acuerdo con políticas de libertad económica si así se me garantiza que los miembros más productivos de la sociedad cooperen y respeten, a su vez, las demás reglas de la sociedad, entre las cuales pueden estar algunas que con las que sí estoy de acuerdo.
