El Servicio Postal Mexicano (Sepomex), delegación Yucatán, despidió a 70 empleados, pues la empresa quebró y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no cuenta con los recursos para rescatarla, informó Ricardo Felipe Palmero, quien después de 29 años y cinco meses se quedó sin trabajo.
Los empleados llegaron a las instalaciones, ubicadas en la calle 53 entre 54 y 56 del Centro, pero los vigilantes les informaron que no podrían ingresar, pues estaban despedidos de la empresa. Ante esa situación, acudirán hoy a las 9 de la mañana a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para exigir su liquidación y demás prestaciones que les corresponden.
La rabia, frustración y desesperanza invadió a los ex empleados, quienes comentaron que no esperaban perder su empleo en esta temporada. Algunos no sabían cómo reaccionar, pues les faltaba uno o dos años para jubilarse.
A nombre de los afectados, Felipe Palmero comentó que Sepomex, a nivel nacional está en crisis económica, en quiebra. “Lo dejó morir el Gobierno Federal, porque nunca se modernizó para competir con el Internet, se quedaron rezagados”.
Detalló que las delegaciones estaban en completo abandono, instalaciones sin pintura en las fachadas, no había dinero para la gasolina de las motocicletas, por ello, las cartas a los usuarios llegaban con retraso, “no había recursos ni para reparar bicicletas”.
–La intención del Gobierno Federal es vender Sepomex a empresas privadas interesadas, entre ellas DHL, por ello nunca invirtieron para modernizarla.
–Varios de nosotros, como en mi caso, tenemos más de 40 años de edad, ante la difícil situación financiera del país quien nos va dar trabajo en 2017, toda una vida le hemos pasado al servicio de la población –comentó.
Karla Martínez Martínez, quien laboró durante 27 años y medio, comentó que recurrirá a las últimas instancias para recibir lo que por ley le corresponde, pues en su caso no aceptarán lo que les quieren dar.
Felipe Palmero secundó al decir “el que pelee contra correo gana. En mi caso, no tengo tiempo para ir a juicio”.
En este recorte se fueron empleados administrativos, manuales, sindicalizados, quienes no recibieron explicación, pues el personal que llegó de Ciudad de México sólo les pidió firmar un documento, situación a la que se opusieron.
El reportero intentó ingresar a las instalaciones para pedir la versión del gerente general, pero un empleado negó el paso, pues nadie puede entrar, a pesar que un ex empleado replicó que no tenemos prohibido ingresar porque es un edificio público.
Cuando el ex empleado salió de las instalaciones con sus propiedades, el guardia arrastró la rejilla y le colocó el candado. “Nadie puede entrar son las órdenes”, expresó.
― Irbin Flores Palomino
