Los beneficiarios no fueron capacitados, no recibieron asistencia técnica, les entregaron los apoyos y se los asentaron ahí nada más, sin decirles cómo se siembra.
Como parte del programa de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (Coussa), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y con una inversión superior a los 21.9 millones de pesos, en septiembre del 2014, el Gobierno del Estado entregó insumos, herramientas y equipos para 33 unidades agrícolas en 11 municipios de la entidad. Actualmente, debido a la falta de atención, seguimiento y asesoría a los productores, la inversión se convirtió en un total desperdicio.
Lo anterior, sumado a la falta de interés por vigilar los recursos utilizados, provocó que, a menos de tres años que se entregaron los apoyos, las unidades se encuentren en total abandono, sin producir, sin mostrar resultados, con una infraestructura inadecuada y tanques elevados con filtraciones; algunas hasta fueron desmanteladas.
El día de ayer, durante un recorrido por los municipios de Seyé, Tahmek y Hocabá, miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Yucatán inspeccionaron varias de las unidades productivas, donde se constató la desatención de los proyectos, causada por la falta de asesoramiento a productores por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), que fue la encargada de ejecutar el recurso.
En la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer (UAIM) “El Zapote”, ubicada en la comisaría de Holactún, del municipio de Seyé, fue donde realizó la entrega de los apoyos hace menos de tres años. Actualmente, la unidad se encuentra sin funcionar, las bombas para el sistema de riego desaparecieron, los paneles solares son inservibles y, por supuesto, no hay producción alguna. Sin embargo, aún cuenta con su sello de “Compromiso cumplido”.
Cerca de ahí, las unidades “Citrícola” y “La bendición de Dios” se encuentran en las mismas condiciones. Lo mismo sucede con las unidades “San Francisco”, en Hocabá, y otras en el municipio de Tahmek, así como en la comisaría de Sahcabá, Hocabá.
Al respecto, el presidente del colegio, Lorenzo Alvarado y Sosa señaló que con el recorrido constataron que las obras no se hicieron correctamente ni se invirtieron los conceptos programados, además que se entregaron en mal estado.
“Los beneficiarios no fueron capacitados, no recibieron asistencia técnica, les entregaron los apoyos y se los asentaron ahí nada más, sin decirles cómo se siembra ni qué se les aplica, y esto es lo que la gente recibió: nada. No hubo productividad y ahora no se ven siquiera muchos de los equipos que deberían estar instalados”, expresó Alvarado y Sosa
“Seder es la ejecutora, la Sagarpa tenía la obligación de ver que el programa se cumpliera correctamente y de supervisar que la obra se hiciera como estaba establecido, el productor tampoco debió de firmar. Sin embargo, vemos que con unas migajas de ese presupuesto que se desvía finalmente los convencieron”, dijo.
Al entrevistar al productor Alfonso Baas Casanova reveló que al momento de recibir los cheques para el apoyo los beneficiarios recibían visitas de empleados de la Seder, que acudían para realizar el cobro de los cheques entregados y quitarles el dinero bajo el pretexto de que ellos serían los responsables de realizar los pagos a las empresas.
“Yo soy maestro jubilado y no tengo la necesidad de hacer esto, pero regresé a la cuestión agraria por todo lo que está sucediendo en el campo, toda la corrupción que hay y por eso estamos ahora en esta lucha”, expresó Baas Casanova.
“Mi proyecto fue de 466 mil 666 pesos, pero de este monto no manejamos nosotros ni un peso. Venían por nosotros, nos llevaban al banco, sacábamos el dinero y lo agarraban ellos, lo metían en la cajuela y ellos se encargaban de pagar a los constructores. Luego nos llevaban a un restaurante para comer y decían que pidamos lo que queramos”, relató.
Al momento de revisar documentos y contratos de los proyectos que recibieron el apoyo, se encuentra que las empresas Koox Lakin y Operadora Gardal de México S.A. de C.V. participaron como la desarrolladora de proyectos y la constructora de las unidades, respectivamente.
Entre las irregularidades se encontró que en los contratos se estipula la construcción de un pozo con una profundidad de 35 metros. Sin embargo, los productores han señalado que sus pozos difícilmente llegan a los 22 metros.
En ese sentido, Baas Casanova informó que al momento de presentar una queja por la falta de profundidad en el pozo, la única respuesta que recibió por parte de una autoridad municipal en la materia fue “confórmate con eso, no te metas en problemas y no te quejes, da gracias que te lo están dando”.
De igual modo, Alvarado y Sosa denunció que debido a las irregularidades en los proyectos, contratos y documentos que obtuvieron se distingue un claro desvío de recursos, en el que se encuentran involucradas las dependencias, particulares y productores.
“El que ejecuta el proyecto tiene la responsabilidad de confirmas que se realice bien, y el que da el presupuesto debe cuidar que el dinero que está a su cargo se emplee correctamente y que las obras funcionen. Las empresas deben cerciorarse que se hagan los proyectos y se construyan las unidades, y el productor tiene que exigir que le den algo funcionando”, explicó Alvarado y Sosa.
“Es un desvío de recursos, considero que las dependencias deben aclarar qué está pasando o qué pasó, y qué es lo que proponen para hacer”, expuso.
Recalcó que es necesario que el gobierno invierta en las hectáreas existentes en el estado, en lugar de generar nuevas unidades agrícolas. Propuso que para ejecutar cualquier obra que se implemente, se exija el funcionamiento adecuado de la misma.
“Ya se debe dejar de estar tirando dinero al campo de manera ineficiente y deshonesta. No se puede hablar de una inversión de millones de pesos si no hay resultados, aquí hay que exigir resultados y eso es lo que no se tiene en el campo”, aseguró el ingeniero.
Con respecto a las acciones como las del pasado jueves, donde el titular de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa, acudió al estado para realizar la entrega de apoyos que sumaban una inversión superior a los 77 millones de pesos, Alvarado y Sosa manifestó que “no es la forma de hacer producir el campo”.
“Es una acción importante, diría yo que buena, pero por sí sola no puede hacer producir el campo, porque el insumo no es el único componente que se requiere. Insisto en que se está desatendiendo, relegando la participación de técnicos que den la asistencia y capacitación, y lleven la tecnología al campo. El campo no está tecnificado”, finalizó.– Miguel Duarte
