En la delegación de lo que fue Sedesol, hoy Secretaría de Bienestar, se detectaron 80 personas que cobraban pero no acudían a laborar (aviadores) y también se ubicó una estancia infantil que tenía presupuesto en el 2018, pero nunca existió porque el domicilio era la comisaría de Dzununcán en donde no había nada.
Ante ello, directivos del partido Morena señalaron que por tanto son “necesarias las acciones que está implementado el gobierno federal para eliminar la corrupción”.
Seguramente -dijo el presidente de Morena en Yucatán, Mario Mex Albornóz- esto “ha molestado a muchos personajes del PAN y del PRI, que ante la ausencia de liderazgos han pretendido lucrar con ese tema”.
Lo anterior en relación a los amparos que está interponiendo el PAN en Yucatán para resistirse a la reducción presupuestal para las estancias infantiles.
“Es un trabajo necesario que está haciendo el gobierno, nos han comentado que se detectaron en la delegación de Sedesol 80 aviadores, que no trabajaban y si cobraban, y sobre las estancias, se reportó una que estaba registrada en Dzununcán, comisaría de Mérida, y al ir a verificarla, no existe, y sin embargo recibía el apoyo”, subrayó el directivo morenista.
Reiteró que son medidas necesarias que el gobierno federal hace para eliminar la corrupción, “Quizá algunos ciudadanos se están viendo afectados, se están tomando medidas para evitar esa afectación, pero si hay personajes del viejo régimen, principalmente del PAN que pretenden lucrar con esto, haciéndose pasar por defensores de la niñez y de las mujeres, haciendo escándalo mediático”, consideró.
Al parecer el directivo de Morena hizo alusión al tema, porque la diputada Cecilia Patrón Laviada (del PAN) informó de la suspensión provisional en el estado, otorgada por el Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación, como respuesta al amparo promovido en días pasados contra la decisión del gobierno federal de disminuir los recursos a este programa en un 50 por ciento.
De esta forma, Yucatán se sumó a otros estados como Nuevo León y Chihuahua, que han recibido esta protección jurídica ante la decisión del gobierno Federal.
Texto y foto: El Universal
