Desafortunadamente nada es gratis en la vida. Los medios de comunicación no son la excepción. Financiados a través de suscripciones, anuncios comerciales, inserciones privadas, publicaciones de determinadas informaciones o comprados por la mano del poder, buscan sobrevivir al paso del tiempo.
Si los medios dependieran exclusivamente de los suscriptores al menos en México, desaparecerían. La mayor parte de la población quiere informarse, pero pocos están dispuestos a pagar por ello. Piensan que es una especie de obligación de los medios ofrecer contenidos de calidad a gratuidad.
Si los medios dependieran exclusivamente de sus anunciantes estarían en números rojos. El acceso a redes sociales virtuales para la consulta del acontecer ha aumentado, mientras la lectura y consumo de los medios tradicionales ha decrecido.
Con todo, el mercado de la publicidad se ha enfocado a los públicos segmentados que ofrecen las redes y los anuncios clasificados también han sido sustituidos por plataformas específicas dejando a los medios tradicionales con una situación bastante estrecha en estos renglones.
Si los medios vivieran de espacios comprados por el poder la calidad de la información se reduciría a su expresión mínima: el panfleto propagandístico y zalamero sin contexto. Solo culto a las personalidades de los nuevos mecenas. Sólo un eco en el espejo de sus más exquisitas vanidades. Sería un verdadero despropósito vivir en la sociedad de la información sin informadores, de sólo corifeos del poder.
Todo parece indicar que debemos ser lo suficientemente creativos para articular estrategias de financiamiento que hagan viable el trabajo de los profesionales de la información si no queremos prescindir de ellos en el corto plazo.
Debemos buscar alternativas que coadyuven al derecho a la información que tenemos los ciudadanos. Por ello, es necesario insistir en que se regule acerca de la llamada publicidad oficial, la cual se refiere a los recursos del erario que el gobierno utiliza para “informar” a su población.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado para el último día de este mes el plazo para presentar una ley reglamentaria que aclare la asignación de dinero a los medios de comunicación por sus servicios, la evaluación costo beneficio, la audiencia esperada y lograda, la pertinencia de lo informado y el estricto cumplimiento de las disposiciones en la materia.
Asimismo, en esta época sería muy oportuno conocer la opinión de los candidatos a la presidencia a propósito del futuro de los medios públicos que en estos sexenios han devenido en medios oficiales.
Por otra parte, los medios comerciales tienen mayores oportunidades de ofrecer entretenimiento, solaz y nuevas ofertas sin llamarles por lo que no son: ni son información ni se deben a la política. Porque ni se asumen como actores en la arena democrática ni como proveedores de servicio de calidad.
Por Carlos Hornelas
