Paraguay entra este lunes en la segunda fase de su desescalada, que supone una mayor apertura laboral y comercial, con denuncias de irregularidades en el abastecimiento de insumos que han silenciado en parte los aplausos por la gestión sanitaria del Gobierno frente al coronavirus.
Hasta la fecha el COVID-19 ha dejado un total de 11 muertes y 800 casos positivos, una de las cifras más bajas de la región y producto, según el Gobierno, de las tempranas medidas de aislamiento social instauradas desde marzo.
La contención de los contagios ha motivado el ingreso en la fase dos de la denominada “cuarentena inteligente”, como se denominó al cronograma para el levantamiento gradual del aislamiento, que ahora se extiende hasta el 15 de junio.
Este periodo contempla la apertura de los centros comerciales, excluyendo las actividades de ocio en los mismos, el regreso de las obras civiles y parte de la actividad de las oficinas corporativas; se mantiene la suspensión de las clases y la obligatoriedad del uso de tapabocas en lugares cerrados.
Tanto la opinión pública como la mayoría de medios han ponderado la pronta iniciativa del Gobierno, y quien ha personalizado ante la ciudadanía la exitosa labor preventiva es Julio Mazzoleni, el responsable de la política sanitaria para afrontar la pandemia.
Sin embargo, en las últimas semanas han arreciado las críticas hacía Mazzoleni por su dirección administrativa y acusaciones de tibieza tras las irregularidades detectadas en la compra de insumos.
Apenas el viernes el funcionario anunció la rescisión de contrato con la mayor proveedora de materiales médicos importados de China y una investigación para localizar supuestas implicaciones de funcionarios del Ministerio.
Ello después de darse a conocer que la adquisición estaba “viciada de irregularidades en todas sus etapas”.
Texto y foto: EFE
