Texto: Manuel Pool
Fotos: Cortesía
Aunque se ha vendido la idea a la sociedad de que cada vez son más los adolescentes que se enfilan a la delincuencia organizada, analizando datos duros, en realidad no es así, ya que son los robos en sus diversas modalidades la mayoría de los delitos que comete este sector de la población, en más de un 80 por ciento, mientras que la comisión de delitos de alto impacto, se ubica a partir del sexto lugar, dijo Sofía Magdalena Cobo Téllez, especialista en Derechos Humanos, académica e investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), y consultora de la Comisión Interamericana para el Control de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En rueda de prensa previa a la conferencia que impartió por la noche, en la que abordó el tema de la alternatividad en la justicia para adolescentes, la especialista advirtió que manejar de manera imprecisa estos datos, puede poner en tela de juicio el conflicto de la minoría de edad de responsabilidad del adolescente, o que se modifiquen leyes que establecen un máximo de medida sancionadora privativa de la libertad.
En entrevista con Punto Medio, Cobo Téllez, recordó que el artículo 18 constitucional establece el derecho que tienen los adolescentes a que se apliquen formas alternativas de justicia para que no se les estigmatice o etiquete. “Dependiendo de la edad y del delito cometido debe ser la reacción penal, es decir que debe ser diferente al tomar en cuenta los principios de proporcionalidad y racionalidad, pues no se puede castigar de la misma manera a un adulto que a un niño o joven cuya manera de actuar evoluciona conforme a su edad, es decir que tiene una psicología en desarrollo”, explicó.
Al respecto el magistrado presidente de la sala Unitaria de Justicia para adolescentes del Tribunal Superior de Justicia, Santiago Altamirano Escalante, dijo que por el bajo número de menores internos en los centros de aplicación de medidas cautelares, en la actualidad existe la precepción de la sociedad que los menores no son sancionados cuando cometen una conducta ilícita, algo que no es real, y que si ha propiciado que se inhiba la denuncia o su debido seguimiento. “Por eso hay que dejar claro que cualquier persona que cometa una conducta delictiva va a tener consecuencias”, subrayó. Recordó que el mencionado artículo 18 constitucional, establece que cuando un menor comete un delito, tiene que ser puesto a disposición de la autoridad, y sin embargo la tendencia en las autoridades municipales es aplicar medidas administrativas, como imponerle la cárcel pública.
Dijo que a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia penal, en junio del 2007, y hasta la fecha, en Yucatán, ningún menor de 14 años y menor de 12 ha participado en delitos de alto impacto, y subrayó que ninguno ha estado relacionado con el crimen organizado.
En la actualidad en el CEAMA se encuentran en calidad de internos 19 jovencitos, cuatro por homicidio y el resto por otros delitos, de los cuales en un 88 por ciento se trata de robo en sus diversas modalidades. Pero de acuerdo a su director Didier Escalante Vega, hay otros 75 que cumplen su sanción de manera externa precisamente a través de medidas alternativas.
