Quien conoce su historia, está condenado a repetirla. En el año 2005, la Ciudad de México se convulsionaba políticamente por el tema del desafuero del entonces jefe de gobierno y su inminente aprehensión. A dieciséis años de distancia, la escena se repite con el mismo personaje central pero ya como presidente de la República. ¿La razón? Una reforma impulsada por él mismo y que sus asesores no alcanzaron a dimensionar. Un boomerang político del que se habla en todos los lugares, columnas y noticieros: la prisión preventiva a delitos por corrupción.
Cuando el actual titular del Ejecutivo emprendió su tercera campaña presidencial, allá por el 2018, sus detractores siempre hicieron mofa de su discurso en el sentido de que acabando con la corrupción, se recuperaría la economía del país. Si bien es cierto que a más de dos años de su gobierno, la inflación se ha mantenido estable y el tipo de cambio ha sufrido vaivenes propios de las guerras comerciales que se siguen librando entre los integrantes del G8, la economía nacional aún no despunta como muchos quisieran. Pero la lucha contra la corrupción se volvió en su contra.
En esa campaña, López Obrador propuso y lo reafirmó ya siendo presidente electo, que enviaría unas sendas reformas para que los delitos de corrupción no permitieran la libertad y se consideraran como graves. Al dar su histórico discurso de toma de posesión, reafirmó su intención y exhortó al poder legislativo a modificar todo lo necesario para ese fin y además, para acabar con el fuero. El Congreso de la Unión autorizó fast track las reformas, situación que se repitió en la mayoría de los Congresos Estatales dominados por MORENA.
Los asesores del presidente olvidaron, temieron o ignoraron avisarle que en el nuevo sistema de justicia penal no se necesitan de pruebas totales para iniciar un proceso judicial, sino de datos que hagan presumir que un hecho se cometió. Es lo que los técnicos le llaman pomposamente “estándar probatorio”. No le dijeron que, la prisión preventiva oficiosa, que significaenfrentar todo el proceso detenido, se limitó a ciertos delitos que por su gravedad, afectan sensiblemente los valores sociales.
El Congreso de la Unión autorizó fast track las reformas, situación que se repitió en la mayoría de los Congresos Estatales dominados por MORENA.
Tampoco le dijeron que, los demás delitos, no ameritan esa medida, salvo que, la Fiscalía argumente debidamente su necesidad. Esto es, si en un proceso por determinado delito, el detenido puede darse a la fuga, poner en riesgo a la víctima o a los denunciantes u obstaculizar la investigación, puede quedar detenido sin necesidad de que el delito amerite prisión preventiva oficiosa.
Ahora, después de la serie de revelaciones que han hecho diversos medios de comunicación, los cuales implican al jefe de oficina de la presidencia en tratos que resultaron favorecedores a sus empresas —y que motivaron su detención y prisión preventiva en el penal del Amate en Chiapas— el Frente Unido Contra la Corrupción, integrado por legisladores del PAN, PRI y PRD, ha presentado una nueva denuncia acusando al presidente de la República de omisión en la vigilancia de sus colaboradores. Ha empleado el mismo argumento que sirvió para llevar a prisión en su momento al expresidente peruano Alberto Fujimori, por medio de la teoría de la Autoría Mediata por Dominio de la Voluntad en Aparato de Poder Organizado, o lo que eso quiera decir.
Abogado penalista, catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM en Criminología y Sistema Acusatorio.
