Iniciativa de cambio de nombre como defensoría del pueblo, solo es para omitir responsabilidad de fiscalizar las acciones del Gobierno federal
La propuesta de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Cndh), Rosario Piedra Ibarra, para transformar esa institución autónoma en una defensoría del pueblo, resultó sorpresiva para los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, que ven a esa funcionaria como una “incondicional” del presidente Andrés Manuel López Obrador y que, por ello, ha omitido su responsabilidad de fiscalizar las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación (4T).
Esa sorpresa inicial se convirtió en preocupación cuando los expertos en derechos humanos comenzaron a examinar en detalle la iniciativa presentada por Piedra Ibarra al Senado y a la Cámara de Diputados el pasado 30 de enero.
Tres días después, el pasado jueves 2, varios delegados de organismos internacionales y de ONG mexicanas se reunieron para comentar la propuesta. Uno de los puntos que más se comentó en esa cita fue el que busca dar a la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, como se llamaría en lo sucesivo la Cndh, atribuciones para conocer e investigar presuntas violaciones de derechos humanos “por actos u omisiones de autoridades administrativas o electorales de carácter federal”.
Y es que la ley que le dio autonomía de gestión y presupuestaria a la Cndh en 1992 establece en su artículo 7 que el organismo no podrá conocer lo relativo a “actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales”.
La nueva iniciativa deja esa parte tal cual, pero le agrega que no podrá conocer esos casos sólo “cuando se trate estrictamente de organización y calificación de procesos electorales”, con lo que abre la puerta para intervenir en todas las demás fases de los comicios, en especial en su desarrollo.
El delegado para México y Centroamérica de HRW, Tyler Mattiace, afirma que la propuesta de Piedra Ibarra para cambiar de nombre a la CNDH “parece un distractor” porque no apunta una reforma estructural.
Más bien, dice Mattiace a este semanario, la iniciativa sigue el patrón de la 4T de “borrar todo que pasó antes” de la llegada de López Obrador al poder, pero sin modificaciones de fondo, sólo “cambiando el nombre y el lenguaje”.
La presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien ha criticado el proceso de militarización que vive México con López Obrador, sostiene que el cambio que propone Piedra Ibarra, “no es garantizar el respeto a los derechos humanos ni la eficiencia ni la rendición de cuentas”, sino “ideologizar las instituciones para asimilarlas a un proyecto político”.
Texto y foto: Agencias
