En los últimos meses mucho se ha dicho sobre la seguridad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de verano, tras una serie de homicidios, el tema fueron las redes de narcomenudeo. La marihuana circula sin mayores dificultades al interior de la Universidad y su comercialización y uso -según me cuentan y reporta la prensa- es común.
Recientemente, las agresiones sufridas por estudiantes a manos de un grupo de porros organizados para reventar una manifestación, y la posterior movilización, volvieron a exponer las condiciones de seguridad para los estudiantes en la máxima casa de estudios.
En buena medida esta discusión conduce a la autonomía de la Universidad y a la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué la policía de la Ciudad de México no entra a la UNAM para detener a los narcomenudistas y contener a los porros?
Me atrevería a decir que la autonomía es una condición jurídica sin la cual no se podría entender a la UNAM como lo que es hoy, la máxima casa de estudios del país y una reserva intelectual y humana sin igual, más allá de la coyuntura política. Sin embargo, deben entenderse sus alcances: la autonomía no implica extraterritorialidad, es decir, la UNAM no es una espacio autónomo ajeno a la ley y al mando de las autoridades del Estado mexicano. Por ejemplo, dicho con fines explicativos, no opera como una Embajada. Hasta donde entiendo, no existe impedimento legal para que la policía entre a Ciudad Universitaria a ejecutar una orden de aprehensión o a evitar la comisión de un delito. El núcleo de la autonomía universitaria tiene que ver con la libertad administrativa y educativa, esto con el fin de evitar convertirla en un centro de adoctrinamiento al capricho del gobierno en turno, pero en modo alguno con la creación de un espacio de inaplicación de la ley o en el que las autoridades civiles no puedan actuar.
En los hechos la UNAM sí goza de cierta extraterritorialidad, por una razón que escapa al derecho: 50 años después, los fantasmas de 68 aún viven. La percepción, fundada o infundada, de que la presencia de policías o militares puede implicar una agresión a la Universidad, a sus estudiantes y una violación a una mal entendida autonomía, sumada al desastre plagado de arbitrariedades que suelen ser ese tipo de operativos, crean un cocktail molotov al que ninguna autoridad, política o universitaria, está dispuesta a darle un trago.
