Se avecina un enfrentamiento en Chiapas, entre lacandones, tzeltales y choles porque los nativos de la Selva Lacandona reclaman su derecho a proteger la selva. Y los tzeltales y choles van con la idea de desmontar (la selva). Es muy importante que las autoridades lo atiendan, comentó en días pasado el investigador del Instituto de Ecología Rodrigo Antonio Medellín Legorreta, “van específicamente [tzetzales y choles] a tomar la Estación Chajul, es su objetivo”.
Medellín Legorreta, quien fundó la Estación Chajul hace más de 30 años junto a Javier de la Maza, director general de Natura Mexicana, explica a Tangible la situación que se vive en la selva Lacandona, un ecosistema que ha perdido 70% de su extensión cuando fue designado zona de protección forestal, y en especial la Estación Chajul, un centro de estudios de biodiversidad y medio ambiente.
“La selva es el último pedazo de selva alta perinifolia en buen estado de conservación que nos queda, bastión de la biodiversidad, hay más especies ahí que en cualquier otro lugar del país, no es una cuestión que solo le competa a la comunidad lacandona o a los chiapanecos, le compete a todos”.
Rodrigo Medellín menciona que el conflicto es entre lo que se conoce como “Comunidad Lacandona”, que no son solo los lacandones originarios de la región, sino también la comunidad Tzetzl y Chol que ha llegado a habitar la región. “El conflicto recae que el primer grupo [lacandon] tiene derecho sobre las tierras ya que tienen historia ahí, cerca de 350 años que llegaron, y los otros dos grupos indígenas [tzeltales y choles] tienen unos 70 años en la selva”.
Otro problema, señala, es que los lacandones saben trabajar la tierra con la selva, “ellos hacen pequeñas parcelas de una hectárea, poco más, en ellas siembran maíz junto con más variedades de plantas”. Explica que los otros grupos étnicos tienen una idea de agricultura que puede resultar muy dañina para la selva. Además hay grupos externos con distintos intereses políticos y económicos que influyen es estos grupos para su beneficio.
“Las autoridades conocen la situación pero no han querido hacer caso. Es del conocimiento de la Procuraduría Agraria, por la Secretaría de Medio Ambiente, por Gobernación, pero no han actuado. Un enfrentamiento aquí podría derivar en conflictos entre grupos indígenas a escala nacional, podríamos ver esta situación replicada en otros lugares”, afirma el investigador, ya que al abrirle la puerta a un grupo indígena, otros pueden reclamar el mismo derecho. Para lo que sería necesario que se acompañara con los expertos para hacer una explotación adecuada de los recursos.
