El régimen chavista puso en marcha la maquinaria para tratar de cercar a la oposición cuando se cumple una semana de la acción que llevó a la liberación de Leopoldo López. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela acusó ayer martes a seis diputados de siete delitos relacionados con su participación en la denominada “operaciones libertad” que busca desalojar a Nicolás Maduro del poder. Entre ellos figuran Henry Ramos Allup, Luis Florido y Américo De Grazia, que según la sentencia, anunciada a través de un comunicado, deberán enfrentarse a la justicia penal ordinaria, despojándoles así de su aforamiento. Inicialmente la sala involucró también al ex parlamentario Andrés Velásquez, aunque más tarde rectificó su escrito.
El tribunal atribuye a estos cargos opositores “la comisión flagrante de delitos comunes”. Se trata de “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada”. La decisión llega después de que la justicia decidiera proceder la semana pasada con los mismos argumentos contra Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional, y ordenara la detención de López, que se encuentra refugiado en dependencias diplomáticas españolas en Caracas.
La resolución no fue unánime y, en contra de la costumbre del TSJ en estas circunstancias, no fue comunicada por su presidente, Maikel Supremo. Este magistrado es precisamente uno de los altos cargos chavistas que, junto con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el comandante de la Guardia Presidencial, Iván Fernández Dala, y el titular de Interior, Néstor Reverol, estaban al tanto del plan que pretendía provocar una ruptura del estamento militar. El fallo involucra también a la Asamblea Nacional Constituyente, el poder legislativo oficialista, para que despoje de inmunidad parlamentaria a los acusados. Y pide al fiscal general, Tarek William Saab, que se encargue ahora de continuar “la tramitación de la causa penal correspondiente”.
Tras una semana de incertidumbre, en un país con el poder institucional partido en dos, los engranajes chavistas del Estado se han activado para contrarrestar la hoja de ruta de Guaidó, que está decidido a seguir con su propósito de pilotar una transición que desemboque en una convocatoria de elecciones. En los últimos días el presidente del Parlamento, reconocido como mandatario legítimo por más de 50 de países, ha llamado a la huelga general y ha convocado nuevas movilizaciones. El escaso seguimiento de algunas acciones como el despliegue de sus seguidores en las bases militares se debe también al temor a los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que de momento han dejado al menos cinco muertos y decenas de heridos.
Un clima de tensión presidió la mañana de ayer la sesión de la Asamblea Nacional. El Gobierno relevó a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana asignados a la Cámara por la implicación de algunos en la liberación de López. Los nuevos agentes rodearon las instalaciones y cortaron el paso a los medios de comunicación alegando motivos de seguridad. Algunos colectivos, grupos armados vinculados al chavismo, se acercaron al Parlamento para amedrentar a los diputados. Guaidó logró entrar y se reunió con una delegación de embajadores europeos.
A pesar de lo sucedido, el presidente del poder legislativo incidió en su intento de quebrar a las fuerzas armada. “Este Parlamento ofrece las soluciones que no puede generar Maduro. La Fuerza Armada muestra abiertamente sus descontentos con lo que está pasando”, aseguró durante la sesión.
La institución rechazó la decisión del TSJ, al que considera ilegítimo. “Ante amenazas en contra de la Asamblea Nacional y sus diputados, alertamos a Venezuela y al mundo a estar activos y atentos a próximas acciones que tomaremos en defensa de nuestra libertad. ¡Seguimos unidos y movilizados!”, proclamó.
Texto: Agencias
Fotos:EFE
