Una propuesta en el año 2005 generó una disputa entre el entonces alcalde de Mérida, Manuel Fuentes Alcocer, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en aquel año, Antonio Walker Olvera.
La pugna era por la solicitud, de parte del gobernador Patricio Patrón Laviada, de un empréstito por mil 48 millones de pesos para el traslado, a territorios de Hunucmá, del Aeropuerto Internacional de Mérida.
Walker Olvera y Fuentes Alcocer protagonizaron una discusión pública, en donde la queja de la iniciativa privada fue por la falta de respaldo del titular del Ayuntamiento de Mérida a ese producto, en donde además argumentaban que Fuentes Alcocer sería uno de los principales beneficiarios.
En octubre de ese año se acusó al mandatario estatal de especular con las tierras cercanas a donde se pretendía instalar el nuevo aeropuerto, principalmente en Hunucmá. Jorge Carlos Ramírez Marín, en ese tiempo diputado local, destacó que Alejandro Patrón Laviada, hermano del gobernador, tenía al menos dos predios en la zona.
Indicó que había una relación entre el banquero Roberto Hernández Ramírez y los Patrón Laviada para especular con viejos cascos de haciendas y, con ello, erigir hoteles con extensiones territoriales de mayores dimensiones.
Para noviembre de ese año, lo que llegó a ser considerado como el “megaproyecto de la primera administración panista de gobierno” tuvo de enemigo incluso a los propios legisladores del mismo partido.
Para noviembre de 2005, ya 14 de los 25 diputados locales, entre ellos la expanista Silvia López Escoffié, advertían votar en contra si no se demostraba la viabilidad económica y social del proyecto.
Patrón Laviada buscaba el respaldo de la iniciativa privada, y obtuvo la mayoría del sector, incluso el voto de las mujeres empresarias para desarrollar el proyecto.
“Que quede muy en claro que el principal objetivo no es la construcción de un nuevo aeropuerto, sino llevar desarrollo y oportunidades a miles de familias del sur de esta capital”, aseveró el entonces mandatario ante miembros del CCE de Yucatán y de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, a quienes presentó y explicó su plan.
“Lo dije desde un principio, Mérida no necesita un nuevo aeropuerto, pero lamentablemente ese es el argumento que están utilizando de mala fe para oponerse al proyecto”, puntualizó en ese entonces.
Se presumió que el proyecto beneficiaría a 20 mil familias, que representaban unas 110 mil personas de la franja con el aeropuerto de la ciudad y el sur profundo de Mérida.
Para el 25 de noviembre, 13 legisladores, de los cuales hubo 10 priistas, dos perredistas y uno del Partido Verde Ecologista, fueron los encargados de frenar las intenciones de obtener el préstamo por parte de Patricio Patrón Laviada.
Entre los cuestionamientos que generó el tema se encontró el hecho de que los terrenos del Aeropuerto Internacional de Mérida son concesionados por la Federación al Grupo Asur, por lo que generar un préstamo, sin antes tener la propiedad del terreno, representaba un error administrativo.
Al final, el proyecto fue desechado y dichas condiciones aún se mantienen, el territorio de la terminal aérea se encuentra concesionado a Grupo Asur por la Federación y un proyecto serio depende en primera instancia, según algunos especialistas, en la donación al Estado por parte de la Federación de estos terrenos.
Texto: Iván Duarte
Fotos: Cortesía
