Luego asumir la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial, Emilio Blanco del Villar declara que de concretarse la amenaza arancelaria de Estados Unidos a México impactaría las exportaciones que tiene Yucatán a ese país, que son de 40 empresas de sectores automotriz, aeroespacial, médico, entre otros
Tras asumir la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Emilio Blanco del Villar advirtió que, de concretarse la amenaza de aranceles por parte de Estados Unidos a México, las exportaciones de Yucatán a ese país —que ascienden a 2 mil millones de dólares anuales— podrían verse gravemente afectadas. En la entidad, 40 empresas de sectores como el automotriz, aeroespacial y médico dependen de este comercio.
Blanco del Villar asumirá el cargo por seis meses, en sustitución de Alejandro Gómory Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). La dirigencia del CCE es rotativa y cambia semestralmente entre los distintos organismos empresariales que conforman el gremio.
El líder empresarial destacó que en 2023 las exportaciones sumaron 1,800 millones de dólares y que cualquier incremento en los aranceles afectaría directamente esta cifra. La administración de Estados Unidos ha propuesto un arancel del 25 % a productos importados desde México y Canadá.
Sin embargo, la medida se encuentra en pausa luego de que el gobierno mexicano enviara 10 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera para contener la migración y el tráfico de drogas, particularmente de fentanilo.
Transparencia, seguridad y apoyo a Mipymes
En otro tema, Blanco del Villar lamentó el retroceso en el combate a la corrupción a nivel nacional y destacó la importancia de los organismos autónomos para la transparencia y la rendición de cuentas.
En Yucatán, mencionó que se ha reactivado el Consejo Consultivo de Presupuesto, lo que ha permitido mayor visibilidad en el uso de recursos.
Como parte de su agenda al frente del CCE, destacó cinco puntos clave para el desarrollo económico del estado:
Alianza por Yucatán: Se firmará un acuerdo con los tres niveles de gobierno para fortalecer la economía del estado, garantizar certeza jurídica y atraer inversiones.
Combate a la informalidad: Se buscará ampliar la base tributaria, exigir un marco regulatorio que fomente la formalización y evitar prácticas desleales que afecten a las empresas que cumplen con la ley.
Transparencia y Estado de derecho: Se trabajará para fortalecer la confianza en las instituciones, garantizar certeza jurídica y promover el uso eficiente de los recursos públicos.
Apoyo a Mipymes: Se impulsará el acceso a financiamiento y capacitación, garantizando que las grandes inversiones incluyan más proveeduría local.
“Las Mipymes representan el 90 % del tejido empresarial y generan la mayor parte del empleo en Yucatán”, subrayó.
Seguridad: Se respaldarán las estrategias de seguridad y prevención del delito para mantener la confianza de inversionistas y proteger a las empresas y trabajadores.
“Cada día más familias eligen Mérida y Yucatán por su calidad de vida y seguridad. Es nuestra responsabilidad mantener estas condiciones”, enfatizó.
Finalmente, sobre el problema del ambulantaje, reconoció que se trata de un desafío para el sector formal, pero señaló que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) tiene un plan para apoyar la transición de los comerciantes informales a la formalidad, facilitando información sobre documentación, créditos y beneficios de regularizarse.
“La seguridad no es solo un tema de gobierno, es una tarea de todos. Como empresarios, debemos colaborar en iniciativas que refuercen la prevención del delito”, concluyó.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Maquiladoras de Exportación de Yucatán (Index), Alejandro Guerrero Lozano, aseguró que, de implementarse estos aranceles, la entidad podría perder hasta 2,500 empleos, afectando principalmente a los sectores mueblero, textil y agroindustrial, cuyos márgenes de utilidad son bajos.
“Un arancel del 25 % es mortal para cualquier economía. En China, el gobierno subsidia a las empresas para contrarrestar el impacto, pero en México no existen estas condiciones”, explicó.
Texto: Darwin Ail
Fotos: Cortesía
