Tolerar la corrupción es ser cómplice

Por Gínder Peraza Kumán

Después del gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, nada debería ser igual en cuanto a la forma en que miramos y vigilamos a los gobernantes de los tres niveles y el dinero, nuestro dinero, que administran.

Ahora que decenas de presidentes municipales se manifiestan contra el gobierno estatal veracruzano, y hasta cierran sus palacios dejando sin servicios a miles de ciudadanos, nos parece hora oportuna de señalar la irresponsabilidad con que los funcionarios gastan el dinero que sacan o sustraen de los bolsillos de todos los ciudadanos como usted y yo. Porque desde que Santo Dios amanece, todos estamos pagando impuestos, por ejemplo cuando compramos un refresco, nuestro desayuno, unas galletas, etcétera, hasta cuando compran un automóvil o una casa (los que pueden). El punto que quiero subrayar es que el dinero que gastan los funcionarios de esos tres niveles es nuestro, no de ellos, y así lo deberían manejar, como algo que no es suyo.

Y no sé usted, pero a mí me da mucho coraje ver que los presidentes municipales veracruzanos lloran como mujeres lo que no supieron defender como hombres. Porque no me va usted a decir que cuando Javier Duarte y su familia y amplia camarilla de cómplices estaban saqueando Veracruz, los veracruzanos ni siquiera sospechaban que estaban robándose el dinero de las arcas públicas. Yo puedo asegurar desde aquí, sin tener pruebas, claro –se les acusa, repito una vez más, de ladrones, no de idiotas–, que decenas de empresarios que son proveedores o contratistas del gobierno estatal, igual que funcionarios menores y mayores, banqueros, comerciantes y muchísima gente de a pie sabían qué clase de gobernador tenían, y nada dijeron, tal vez creyendo que de nada serviría, o porque tenían la nefasta esperanza de que algún botín de los saqueadores les alcanzara y se embolsaran algunos miles o millones de pesos.

La certeza de que una gran parte de la población se está acostumbrando a ver que los funcionarios roben groseramente el dinero de todos es lo que hizo a nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, afirmar hace poco que todos los mexicanos somos cómplices de la corrupción. “Porque este tema que tanto lacera, la corrupción, está (sic) en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos. No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra, todos somos parte de un modelo que hoy estamos desterrando y deseando cambiar, para beneficio de una sociedad que es más exigente y que se impone nuevos paradigmas”, aseguró el mexiquense ante representantes de los poderes Judicial y Legislativo nacionales y líderes sindicales al inaugurar el 28 de septiembre próximo pasado la Semana Nacional de Transparencia 2016.

Según los cálculos oficiales más recientes, Duarte de Ochoa se apoderó de nada menos que 35,000 millones de pesos –y la suma podría ser mayor–, que deberían haber servido para proporcionar servicios de educación, salud y vivienda, y bienes básicos como alimentos, medicinas y otros muy indispensables a la población veracruzana, que por lógica, y por culpa del nefasto gobernador, se queda sin todo eso y más, como infraestructura esencial para el desarrollo de empresas y empleos. Convénzase de una vez quienes tengan la tentación de justificar esos latrocinios: cada peso robado –“desviado” dicen pudibundos y lambiscones– por un funcionario es un golpe en la espalda, la cabeza y el estómago de todos los ciudadanos, en especial de los más pobres.

El ejemplo de Veracruz tiene que calar hondo en todos los rincones de nuestra patria, para que por fin dejen de tolerarse desvíos tan monstruosos, de miles de millones de pesos. Hasta ahora muchos exfuncionarios se dan vida de multimillonarios sin que nadie les eche en cara la riqueza evidentemente mal habida que disfrutan no sólo ellos sino también sus hijos, nietos y demás familiares. Pero eso debe parar.

En Yucatán y en cualquier otro estado, los ciudadanos deben tener la plena convicción de que están obligados a vigilar las manos a los funcionarios federales, estatales y municipales. Y esa tarea tiene que ser permanente y constante, de manera que los desvíos y potenciales robos a las arcas públicas se frenen desde su inicio, y no lleguen al vergonzante nivel que han alcanzado en estados como Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Sonora.

Tenemos que frenar la corrupción tanto porque es una deleznable práctica que atenta contra toda clase de valores éticos y morales, porque en la vida real ese mal golpea sobre todo a los que más necesidades tienen, arrebatándoles la salud, el bienestar y la vida, entre otras cosas. Si ya de por sí hay miseria, con los robos a las arcas públicas ésta se vuelve mucho más grave.

Y si usted sabe de los actos de corrupción de algún funcionario y no los expone ni denuncia, se convierte en cómplice y encubridor, y entonces cualquier hijo de vecino le podrá decir, con burla, con sorna y sin vergüenza, que también es culpable, que es cómplice y que no tiene cara para tirar la primera piedra contra los corruptos. Y luego no hay que llorar como cobarde lo que uno no puede defender como hombre, ¿no le parece?