Los gobernadores ladrones no están solos
Por Gínder Peraza Kumán
En este momento hay un total de 12 exgobernadores que se enfrentan a problemas con la justicia luego de que han sido señalados por delitos graves como narcotráfico, corrupción, lavado de dinero y/o enriquecimiento ilícito. Entre los casos más sonados están los de los priistas Javier Duarte de Ochoa, jefe del ejecutivo de Veracruz quien pidió licencia dejando a un interino en el cargo por las pocas semanas que quedan de su mandato; y Roberto Borge Angulo, que está en la misma situación de licencia y prófugo como su colega jarocho. Igualmente se habla mucho del panista Guillermo Padrés Elías, que gobernaba Sonora; del exmandatario interino de Michoacán Jesús Reyna García (actualmente preso, igual que Padrés); de Tomás Yarrington, de Tamaulipas, y de otros más hasta completar esa docena.
Ríos de tinta han corrido para informar y comentar sobre esos casos, y seguirán corriendo porque los delitos que se presume cometieron esos gobernadores afectan a amplios grupos de la sociedad, desde los más pobres y necesitados, hasta los más ricos y poderosos, como los empresarios, comerciantes y proveedores que presuntamente estaban coludidos con ellos para enriquecerse con el dinero público, o para prestar sus nombres en la compra de grandes propiedades o el ocultamiento de verdaderas fortunas, incluso en el extranjero.
El caso más ilustrativo del nivel de corrupción al que hemos llegado los mexicanos en conjunto se está viendo en Veracruz, donde apenas ayer miércoles 23 un empresario de la conocida familia Chedraui afirmaba que el monto del desfalco cometido contra ese estado alcanza los 100 mil millones de pesos, y señalaba también a funcionarios y hombres de empresa de estar o haber estado coludidos con Duarte de Ochoa para robar el dinero del pueblo.
Pero ¿cuál es el punto que queremos destacar en esta columneja? Son dos, en realidad:
UNO. Una gran mayoría de las personas, hombres o mujeres, que buscan un puesto público está movida por la ambición de poder y dinero, de influencias y riquezas. Cuando un político viene a vernos para pedir nuestro voto, por lo general no es que esté impulsado por un afán sincero de dedicarse a servirnos y trabajar duramente para elevar el nivel de vida de nuestra sociedad, sino que lo impulsa el interés de asegurar su nivel económico, no sólo con el salario que recibiría si llega al anhelado cargo, sino sobre todo con los negocios adicionales que podrá hacer desde una posición de poder, de gobierno. Ya lo ilustraba aquella vieja sentencia de “un político pobre es un pobre político”.
DOS. Los gobernadores y otros altos funcionarios de cada entidad no están solos cuando cometen los latrocinios, los peculados y robos que afectan a todos –gente pobre, maestros y burócratas jubilados, comerciantes, empresarios y todo una amplia gama de personas, como se está viendo en Veracruz–, sino que hay muchos y variados copartícipes de esos delitos.
En esa amplia gama de culpables corresponsables, de cómplices del robo al pueblo, figuran en destacado lugar integrantes del poder legislativo en cada entidad, y desde luego también del poder judicial, quienes con su venalidad no sólo solapan el robo de cientos o miles de millones de pesos, sino que además protegen con recursos legales o legaloides a esos grandes ladrones de cuello blanco. Y no tendría usted que buscar o escarbar mucho para encontrar casos que evidencian con más o menos claridad ese lesivo maridaje.
“¿Dónde estaban los diputados locales cuando el gobernador se apropiaba de enormes recursos que pertenecen al pueblo?”, exclamó hace poco un empresario afectado por uno de los 12 delincuentes que citamos al principio.
Por eso ya debería ser hora de exigirles cuentas claras a los integrantes de los poderes legislativo y judicial de cada estado de la República Mexicana, y recordarles que la separación de poderes no fue invento caprichoso de quienes impulsaron la vigencia de la democracia en México, sino que es una necesidad, un requisito indispensable para que podamos desarrollarnos como nación y como entidad federativa.
Cuando los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se coluden, todo se ha perdido para el pueblo, que entonces se queda sin un sincero y eficiente defensor. La separación de poderes debe tener entre sus ventajas el hecho de que esos tres sectores se vigilen mutuamente, cuidando que cada quien se conduzca con transparencia y eficiencia en beneficio de la población.
Si usted ve a los representantes de esos poderes, a sus cabezas, juntos en actos públicos y reuniones privadas, celebrándose sus chistes y palmeándose las espaldas, debe usted preocuparse y cruzar los dedos por que ese contubernio, ese “espíritu de colaboración” y ese “trabajar hombro con hombro” no nos vaya a llevar a la lamentable situación que ahora afrontan los veracruzanos y también los habitantes de otros estados, donde por los desfalcos ya no hay recursos ni para pagarles a los jubilados, maestros y médicos del sector salud.
No, esos pésimos gobernadores a los que no les da la más mínima pena robar el dinero de sus conciudadanos no estuvieron ni están solos en su rapaz conducta. Muchos los ayudaron, muchos son cómplices: hay que empezar a exponerlos y denunciarlos a todos, para que luego llorar lo perdido no sea nuestra única opción, ¿no le parece?
