Las diputadas y los diputados federales aprobaron ayer la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que, entre otros puntos finos, contempla que los autos nuevos que se comercialicen en México cumplan con los estándares de seguridad nacional e internacional.
El documento aprobado contiene modificaciones y es necesario que regrese al Senado de la República para los trámites de rigor.
Las siete modificaciones tienen que ver con reglas claras para evitar la imposición de gravámenes locales y permisos adicionales al autotransporte federal.
Su objetivo, se ha dicho siempre, es fortalecer la prevención de muertes y lesiones en los siniestros viales, sobre todo en las carreteras.
La semana pasada llamó la atención un discurso duro de la ex gobernadora de Yucatán, la diputada federal Ivonne Ortega Pacheco, quien criticó a la mayoría morenista de frenar esta nueva ley, pero se dijo que se buscaban modificaciones en beneficio de todos los ciudadanos, incluidos los automovilistas.
Además, establece las bases y principios para garantizar el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Sobre el desplazamiento de bienes y mercancías, un aspecto que transportistas yucatecos han defendido con protestas en las carreras, da jerarquía de la movilidad, para que disminuyan los impactos negativos sociales, de desigualdad, económicos, a la salud, y al medio ambiente, con el fin de reducir muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales, para lo cual se debe preservar el orden y seguridad vial.
Por falta de espacio no describimos otros aspectos de la Ley, pero vale la pena destacar que este es un esfuerzo de activistas y promotores por varios años. Hay que ver si quedaron conformes.
