Al presentar ayer el informe sobre la situación de la interrupción del embarazo en Yucatán, elaborado por el Centro por la Justicia, Democracia e igualdad (Cejudi), su directora ejecutiva, Ana Paula Balam Águilar, recalcó la importancia de abordar la problemática de falta de información, lo que pone en riesgo la salud de las mujeres y personas gestantes, en particular indígenas y en situación de pobreza.
En Yucatán existe un gran número de barreras de acceso a la salud, sobre todo sexual y reproductiva, para las mujeres y personas gestantes, que se debe, no solamente a la falta de información en materia de educación sexual, sino por la poca atención que se le presta a la correlación que hay con otras problemáticas, como la violencia sexual y los embarazos adolescentes.
Mérida se encuentra entre las tres ciudades que cuenta con un porcentaje cercano al 100% de cifra negra en delitos sexuales y de acuerdo a este reporte cerca de 15,366 mujeres fueron víctimas de abuso sexual entre julio y diciembre de 2021, pero sólo se abrieron 11 carpetas de investigación durante este periodo.
De manera oficial, en 2022 se presentaron 58 casos de abusos en Yucatán, lo que representa un aumento del 18% en relación al año anterior. Asimismo, se informó que en relación a los embarazos adolescentes, en 2021, el Inegi colocó a Yucatán entre los primeros 10 estados del país con más de nacimientos registrados en niñas y adolescentes entre los 10 y 17 años, siendo que en Yucatán dos de cada 10 embarazos son de adolescentes, es decir que el 17% del total de las mujeres que son madres en el estado tienen entre 12 y 19 años.
“En estos casos, la interrupción no se realiza por una cuestión del todo voluntaria, sino se realiza por peligro de la vida, evidentemente a los 10 años el cuerpo no está listo pues para concluir un embarazo”, recalcó Balam Águilar, quien detalló que de los 984 casos de interrupción del embarazo registrados en hospitales del Estado de Yucatán, entre 2017 a junio de este 2023, el 10 por ciento corresponde a menores de edad, desde los 10 y hasta 17 años, lo que supone un abuso sexual.
Acompañada de Iván Chimas Medina, coordinador de investigación en el informe, Balam Aguilar dijo que es importante destacar que en el desglose por año de estos casos de interrupción en hospitales, en 2017 se reportaron sólo cuatro casos, mientras que de 2018 a 2021, fueron seis por año, siendo que en 2022 se registraron 544.
“La explicación que le damos a estos datos, es la existencia del programa Aborto Seguro y también la difusión de información, porque también ya más colectivas, más organizaciones, saben que existe ese programa en el hospital O’ Horán y también comienzan a derivar”, detalló Balam Aguilar y agregó que hasta junio de 2023 ya hay 413.
“El hecho de que el aborto todavía se encuentre penalizado, reduce las oportunidades de que programas como Aborto Seguro que se presta en el hospital O’Horán, tenga un impulso y una institucionalización, es decir que se garantice su continuidad y se le asignen recursos”, subrayó.
Ante esta situación pide que se avance en la iniciativa de ley que en diciembre de 2019 se presentó al Congreso Estatal por conducto de la diputada Alejandra Moreno, que busca establecer el derecho a la vida digna para todas las personas, que se despenalice el aborto voluntario, y que la ley de salud considere las interrupciones del embarazo como parte de los servicios de salud reproductiva que se dan en el estado de Yucatán.
Texto y foto: Manuel Pool
