Carlos Hornelas
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El pasado 11 de julio, un vehículo de la Fiscalía General del Estado de Jalisco patrullaba por la calle Flaviano Ramos Norte, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, cuando pasó por encima de una mina terrestre que activó su posterior estallido causando la muerte de seis elementos y lesiones a otras 12 personas.
De acuerdo con el gobernador Enrique Alfaro, en total se detonaron siete artefactos de las mismas características. Esto sucede aproximadamente a un mes de que un vehículo de la Guardia Nacional fuera incinerado en esta misma localidad.
Estos hechos representan una escalada en el tipo de violencia de una supuesta lucha intestina entre grupos que se disputan el control de la plaza, de acuerdo con la versión que el Estado ha venido manejando.
No obstante, los efectos colaterales de las hostilidades y de los enfrentamientos trabados entre los grupos en disputa han alcanzado en numerosas ocasiones a la población civil y con ello la narrativa que señala que las agresiones ocurren exclusivamente entre los criminales ha quedado totalmente obsoleta. Desde hace algún tiempo, desde los Estados Unidos, se ha empezado a hablar sobre la posibilidad de considerar a los cárteles como grupos terroristas.
Dan Crenslaw y Mike Waltz, senadores del partido republicano, presentaron el 12 de enero de 2023 la llamada “Resolución 18”, que considera a los narcotraficantes como organizaciones terroristas, es decir, como amenazas de alcance global cuyo poder de fuego, organización e influencia podría desestabilizar económica, y políticamente hablando, la integridad de la región. De aprobarse, estaría facultando al gobierno de los Estados Unidos a combatir frontalmente la amenaza en territorio mexicano, lo cual violaría nuestra soberanía nacional.
En febrero, los fiscales de 21 estados en EE.UU., pidieron al presidente Joe Biden facilitar la acción directa en contra de los cárteles, incluso a través del lanzamiento de misiles hacia la ubicación de supuestos laboratorios clandestinos.
El punto más tenso de la situación se vivió en marzo de este año en que cuatro ciudadanos americanos fueron secuestrados en Tamaulipas, de los cuales dos murieron. Al calor de estos hechos, Lindsey Graham, congresista republicano por Carolina del Sur y presidente de la Comisión de Justicia del Senado, presentó una iniciativa que buscaba preparar el escenario para usar la fuerza militar americana en contra de objetivos tácticos para proteger a los Estados Unidos usando el ejército.
Ya se ha vuelto una cuestión recurrente la alerta que, de cuando en cuando, emite el Departamento de Estado a sus ciudadanos para advertirles sobre el peligro de viajar a México. Sin embargo, hace tres semanas el Reino Unido emitió su propia alerta a sus conciudadanos para eviten viajar a diez estados: Baja California, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas
En plena época electoral, México ha regresado a ser la piñata de los republicanos que toman como pretexto la crisis sanitaria y de seguridad nacional causada por el trasiego y consumo del fentanilo que supuestamente entra vía su frontera sur y se posiciona como un tópico que permanecerá en la agenda hasta los comicios.
En México, ese mismo tema será parte de la agenda electoral, sin duda, con la complicación que la última vez que se revisó en las cúpulas diplomáticas, Marcelo Ebrard era todavía canciller y ahora es, en palabras del presidente, una corcholata más.
Quedan quince meses al gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien sigue al frente, para bien o para mal, del Estado mexicano y a quien literalmente le han puesto en la mano una bomba de tiempo.
