Al menos seis ex directores del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey)y dos ex secretarios en las administraciones de los priistas Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello fueron denunciados ante la Auditoría Superior del Estado, por la bancada del PAN en el Congreso del Estado.
“Los causales son el desvío de recursos y abuso de autoridad, lo que llevó a la quiebra del Isstey”, aseguró la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada panista.
Los denunciados por desviar más de dos mil millones de pesos son: Víctor Manuel Sánchez Álvarez, Nerio José Torres Arcila, Zacil Leonor Moguel Manzur, Ulises Carrillo Cabrera, Milagros Castro Alcocer y Luisa Gabriela Cáceres Vergara. Así como Juan Ricalde Ramírez y Alfredo Dájer Abimerhi, secretarios de Hacienda y de Administración y Finanzas (SAF), respectivamente.
También Fernando Fernández Vargas, director de contabilidad gubernamental de la SAF, de acuerdo a un documento leído por el diputado Manuel Díaz Suárez.
“Los diputados del PAN no seremos cómplices de ningún acto de corrupción y menos seremos señalados por esos delitos”, aseguró Díaz Lizama, luego de que el diputado Felipe Cervera Hernández señaló en tribuna que ya que saben quiénes quebraron al Isstey que los denuncien, sino serían cómplices.
Agregó que la denuncia se presentó porque todavía no se aprueban las cuentas públicas del Isstey del 2018 y además se tiene que determinar los delitos en los que incurrieron los exdirectores y funcionarios para tener en quiebra a esa dependencia.
Asistieron a presentar la denuncia también los diputados Paulina Viana Gómez, Víctor Merari Sánchez Roca, Kathia Bolio Pinelo y Miguel Rodríguez Baqueiro.
El diputado Díaz Suárez dijo que la constante actuación de los anteriores servidores públicos encargados de la administración del Instituto fue propiciar el quebranto del mismo, en perjuicio de los trabajadores al servicio del Estado de Yucatán, sus familiares y dependientes económicos.
Añadió que otra causal señala que mediante decreto 238/2014 publicado el 18 de septiembre, el Poder Ejecutivo acordó celebrar un fideicomiso público irrevocable traslativo de dominio, para comercializar el proyecto de Ucú y pagar el adeudo histórico que tenían diversas dependencias y entidades del Isstey.
-El quebranto del Isstey fue un abuso de autoridad y mal manejo de los recursos públicos, aunque las autoridades anteriores vendieron el patrimonio de los yucatecos para solventar ese adeudo que ellas mismas causaron -contó.
Texto y foto: Esteban Cruz Obando
