Creciente ilegalidad en el interior del estado

Por: Gínder Peraza Kumán 

En el interior del estado la aplicación de la ley es un pantano, denunciar es un laberinto peor que el del Minotauro, y acudir a las autoridades en busca de apoyo es poco menos que una aventura de final incierto. Vea usted si no con estos tres ejemplos de situaciones que quien esto escribe atestiguó o experimentó el reciente domingo 11 de diciembre.

1) Camino al basurero de Dzilam de Bravo, en la rústica faena de limpiar de palmas y cocos secos mi pequeño terreno del puerto, observo en la entrada de un rancho una camioneta de la policía estatal: dos o tres agentes mantienen sentados sobre la puertecilla trasera del vehículo a un par de infelices que tienen cubiertas las cabezas con sus propias camisetas; por la velocidad con que pasé, no alcancé a ver si los dos detenidos tenían amarradas las manos.

En el basurero, Vicente me dice que él también vio a los dos tipos con las cabezas cubiertas y cerca de ellos a los policías. Además, uno de los integrantes de un pelotón de soldados que llegó en un vehículo militar a donde estaba él le dijo a modo de comentario lo que él ya había pensado: “les van a dar su calentadita”. Y lo que quiso decir el militar y ya había pensado Vicente es que a los dos individuos los detuvieron quizás por narcomenudeo, o por captura ilegal del famoso pepino de mar, o cualquier otro delito, y los llevaron a un sitio más o menos escondido para torturarlos a manera de “estrategia de investigación”.

Es que en los pueblos del interior del estado la investigación de delitos y la aplicación de la ley son cosas que sólo se conocen en los periódicos. Y apenas han escuchado que existen organismos que defienden los derechos humanos.

2) El camino que lleva al rancho donde se está instalando el parque eólico de generación de electricidad que, según los cálculos, será el primero de su tipo en Yucatán, está bloqueado con una cadena y un candado, y junto a éstos vigilan cómodamente sentados en sillas portátiles dos jóvenes guardias. Con amabilidad, le explican al reportero que sólo pueden pasar los dueños de los ranchos que usan ese camino, y algunas personas que esos mismos rancheros hayan autorizado. “¿Y si llego yo y quiero entrar a ver si un amigo mío está en su rancho para saludarlo, puedo pasar?”. “Sólo pasan los que tienen autorizado los dueños de ranchos; pero si deja su identificación, podría pasar”, concede uno de los jóvenes.

Quizás yo u otra persona sí pueda pasar cumpliendo ciertos trámites, pero el hecho preocupante es que ese camino le servía a cualquiera que quisiera caminar por él, usarlo para llegar a los ranchos o al viejo camino de herradura que iba al puerto. Ahora ya no, no puede pasar cualquiera.

Creo que podemos afirmar que esta situación y otras muchas más serán más frecuentes y vendrán a cambiar la forma de vivir, actuar y trasladarse en nuestro estado con la operación de las plantas de generación de electricidad mediante torres eólicas y grandes complejos de paneles solares que se instalarán por todos lados, como ya se anunció. La vida cambiará, y probablemente será para mal, como todos sabemos que ha ocurrido en Dzilam de Bravo y un poco menos en Dzilam González con el surgimiento de la explotación ilegal, impune e imparable del pepino de mar, que sobre todo en el puerto ha generado un aumento de la drogadicción y el alcoholismo, entre otros vicios, y el encarecimiento de los alimentos y otros bienes y servicios.

Antes los viejos caminos eran de todos. Ya no lo serían más.

3) De vuelta de mi segundo viaje al basurero, en mi pequeño terreno me encuentro con una sorpresa: mi vecino, un veterano porteño de más de 70 años, me informa que dos personas, un hombre y una mujer que llegaron a bordo de lujosa camioneta familiar, me están esperando para informarme que son los nuevos dueños no sólo de mi lote, sino de toda la franja que me incluye, 170 metros de largo de la carretera a la playa, por 20 metros de ancho.

El señor se llama Germán (omito por ahora su apellido) y me explica que compró los cuatro lotes de la carretera a la playa a una empresa inmobiliaria que tiene su base en Mérida. Le explicamos mi vecino y yo que esa operación de la que nos informa es imposible por la sencilla razón de que en mi caso personal puedo comprobar que llevo más de 10 años en posesión sin problemas de mi lote de 20 por 30 metros, aproximadamente. En situación similar están otros dos posesionarios, y el cuarto, que tiene una casa de madera construida junto la playa, es dueño del terreno desde hace unos 40 años, así que es imposible la operación de compraventa de la que habla el visitante, que según información que nos dio es oriundo de Tamaulipas pero vive en Yucatán desde “hace como 20 años”.

Para colmo, Germán dice que compró otro terreno similar cerca de ahí, a pesar de que, como saben casi todos los porteños, le pertenece por posesión a un veterano vecino del puerto.

Los dueños de lotes nos hemos organizado para defendernos de lo que es a todas luces un intento de despojo ilegal, un fraude maquinado y un insulto a las leyes, los usos y costumbres. Don Germán no llegó a la reunión de careo a la que nos convocó para el pasado jueves el Ayuntamiento de Dzilam de Bravo, pero por lo menos hemos logrado tres cosas a nuestro favor: primero, como ya dijimos, tres de los cuatro dueños de los lotes nos hemos unido para evitar el despojo; segundo, el ayuntamiento local, en voz de la secretaria de la comuna, nos ha asegurado que nada tiene que ver con algún intento de fraude ni ha firmado documento alguno a la presunta empresa vendedora de los lotes; y tercero, el anterior presidente municipal, Pedro Castillo, nos ha asegurado que él tampoco autorizó operación inmobiliaria alguna y que incluso está dispuesto a atestiguar a nuestro favor.

Exponemos estos tres temas no solamente con el afán natural de defendernos en el caso del presunto fraude inmobiliario, sino también para que esta experiencia sirva de advertencia a particulares y autoridades.

En próxima entrega daremos más detalles de estos casos y comentaremos otras situaciones irregulares o francamente ilegales que son comunes, que se han generalizado, en los municipios del interior del estado, y que al parecer no son conocidas por las dependencias estatales. Ojalá que éstas se den cuenta de que Yucatán no es sólo Mérida, y sepan frenar a tiempo el creciente predominio de la ilegalidad.

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