Apenas regresaba a mi casa cuando me llamaron de la escuela de mi hijo para que acudiera a buscarlo, ya que se hizo popó. Las maestras no hicieron nada, sólo lo sacaron del plantel y lo dejaron en la entrada ante la burla de sus demás compañeros, relata Silvia, madre de Calel, un niño con la condición leve del Trastorno del Espectro Autista.
El menor fue víctima de discriminación en el Jardín de Niños “Las horas felices”, ubicado en la colonia Xoclán Canto, acción que presuntamente incitó la entonces directora Susana Vidal Rivero.
De septiembre de 2014 hasta enero de 2016, Silvia, con el apoyo de la Asociación Estatal de Padres de Familia (Aepaf Yucatán), recorrió un viacrucis en el que se dieron seguimiento a las denuncias presentadas a la Secretaría de Educación (Segey) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) para que reconozcan las Necesidades Educativas Especiales (NEE) del menor.
Conducta diferente
La madre de familia recuerda que todo cambió cuando Calel, con 4 años de edad, empezó a presentar una conducta diferente. “Ellos (los niños con la condición del TEA) no saben expresar lo que sienten, por eso se alteran. Uno quisiera entrar en su cabecita para conocer que tienen”, expresa.
Esos cambios de conductas también se dieron en el aula y los malos tratos de Susana Vidal hacia el menor se iniciaron, como fueron excluir al niño de las actividades didácticas y pedirle a la entonces docente del grupo, Sandra, que lo sacara del salón.
–Todos los días era lo mismo. Llevaba a mi hijo a escuela, observaba el homenaje a la Bandera u otras actividades, dependiendo del día, para ver que después los niños se formaban, ingresaban a sus aulas, mientras hijo paseaba en las instalaciones de la escuela hasta que mandaban a llamar para que lo llevé a mi casa –expone.
El maltrato aumentó cuando Susana Vidal ya empezó a gritarle al menor, quien presa del temor se hacía de sus necesidades fisiológicas, sin que lo ayudaran.
A petición de la profesora de grupo, Silvia empezó a buscar la orientación psicológica y médica para conocer la condición de su hijo. La madre de familia recurrió a la Asociación Yucateca de Lucha contra el Autismo y otros Trastornos del Desarrollo A.C. (Ayuda), donde diagnosticaron a Calel con la condición leve del TEA.
Luego de presentar el diagnóstico, la maestra le dijo que busque llevar a un niño en otro plantel, pues “ella no es educadora especial”.
Consciente de que darle lo mejor al pequeño, la mamá cambió a su hijo al Centro de Atención Múltiple (CAM). “Después de dos años lo dieron de alta sin entregarme un papel, pues ellos cumplieron con su parte y era el momento para que él se reintegrara a un preescolar regular”, comenta.
Las horas amargas
Por la cercanía del plantel, Silvia reinscribió a Calel en “Las horas felices”, donde la directora se negó a recibirlo, pues argumentó que él no tenía la edad para cursar el preescolar.
–No le importó que mi hijo carezca de la madurez mental. Ignoró su condición y regresaron los malos tratos, hasta decirme que mi hijo no era funcional –abunda la madre de familia.
La gota que derramó el vaso fue cuando el menor se hizo popó en el plantel, hecho que sucedió a días de iniciado el ciclo escolar 2014-2015.
–En ese momento, sólo quería quitarle la mierda a mi hijo, limpiarlo, llevarlo a mi casa para protegerlo –añade la mujer. Ante esa situación, Calel se vio obligado a perder el año escolar.
En julio de 2015, el menor fue inscrito en el Jardín de Niños “Mario Benedetti”, ubicado en el fraccionamiento Juan Pablo II, donde en un principio fue aceptado por la entonces directora Violeta González Vázquez.
Pero el panorama empeoró cuando la dirección del plantel quedó a cargo de Gabriela C. Rosado Puerto, quien negó el ingreso del menor a las instalaciones.
Según la denuncia presentada el 9 de septiembre de 2015 en la Codhey (número de expediente 208/2015), la profesora Genny (los apellidos nunca se los proporcionó a la quejosa, pese a que reiteradas veces se los preguntó) envió mensajes vía wasap, el 5 de septiembre, con las indicaciones de que Calel no podía seguir asistir al plantel y debía presentarse con la directora del kínder, quien repitió el mismo argumento de Susana Vidal.
Las acciones fueron presentadas ante la Segey. De acuerdo con el Oficio Número SE/DEIP-DEP-0449-15 de la Dirección de Educación Inicial y Preescolar, fechado el 15 de septiembre de 2015, se detectó que el niño tiene la edad, mas no la condición para cursar el primer grado de primaria.
Si bien el documento expone que la Segey ofreció las facilidades al menor como que reciba la atención en una primaria que cuenta con Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (Usaer), plantel ubicado a un costado de la “Mario Benedetti”, la mamá no recurrió al apoyo.
Silvia argumenta que la Segey sólo le dio la opción de que su hijo cursara el primer grado de primaria, a pesar del rezago que el menor presentaba. “Él necesitaba recusar el último grado de preescolar porque el conocimiento que adquirió fue nulo, era algo que las autoridades escolares no entendieron”, señala.
Resignada, la madre de familia decidió dar de baja al menor del kínder e iniciar una lucha en la Codhey, donde las misivas favorecían a la Segey y no al menor.
De acuerdo con el Oficio Número SE-DJ-DH-487-2015, de la Dirección Jurídica de la Segey, fechado el 22 de octubre de 2015, expone la opinión de Sandra Erosa Espinosa, coordinadora terapéutica de Ayuda A.C., quien recomendó “que el niño no ingrese a primaria, ya que está muy desfasado de las actividades por eso se recomienda un nivel más básico (sic)”.
Además, respaldó la petición de la mamá de que el menor acuda a una escuela regular con apoyo de un monitor que lo ayude a favorecer sus tiempos de atención y regular su conducta y otras funciones.
Si bien el departamento de Derechos Humanos y Prevención de la Violencia Escolar de la Segey, a cargo de Eduardo Osorno, aceptó que Calel recurse el tercer grado de preescolar, pero no en un plantel cercano a su domicilio.
Las opciones que dieron a la familia fueron “María Lavalle Urbina” y “Wolfgang Amadeus Mozart”, ubicados en los fraccionamientos Nora Quintana y Yucalpetén, respectivamente, lo que implicaría un gasto de $60 diarios en camiones.
Además, Silvia debía correr con los gastos del monitor. Lo anterior está expuesto en el documento que la Segey entregó a la madre de familia y Punto Medio tuvo copia de ello.
En el escrito se dice que “proporcione a más tardar el 30 de octubre el nombre y currículum de la persona que ella deberá conseguir y que servirá como monitor para su hijo, a efecto de que al tratarse de una persona extraña al personal docente se tiene que tener todos sus datos y se le apoyaría a la madre de familia en la elaboración de un contrato laboral entre ella y el monitor”.
Ambas propuestas estaban fuera de los recursos de la familia del alumno, por lo que la mamá pidió ayuda a Aepaf.
Simulación
Paula Lira Moguel, presidenta de Aepaf, comenta que el caso de Calel es uno de los tantos que ocurren en las escuelas públicas, pero muchos padres de familias deciden callar ante la simulación que hay entre las autoridades educativas y la Codhey.
–No entiendo cómo la Codhey, la encargada de proteger los derechos humanos, jamás se pronunció a favor de la víctima. Sólo dictaba recomendaciones, casualmente, similares a las de la Segey –indica.
Muestra de ello fue un diagnóstico elaborado por la psicóloga Claudia Elena Garza Márquez, del Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (Capep), que no correspondía con las primeras valoraciones que le realizaron al menor. “Entregaron un escrito a modo de la Segey”, abunda la activista.
La falta de inclusión social en las escuelas públicas, no es un problema propio de Yucatán, también de otros estados. “Hay que ponerse las pilas, pues de muy poco sirve que haya leyes a favor de la inclusión, reglamentos y tratados para proteger a la niñez y la adolescencia”, dice.
Durante 13 años que lleva de existencia, Aepaf Yucatán documentó quejas de padres de familias con niños que presentan alguna discapacidad, quienes no son incluidos ni integrados en las actividades didácticas.
–Los directores y los profesores de los planteles, de preescolar y primaria, demuestran que los menores con alguna NEE les estorban, al no involucrarlos con los demás compañeros.
–Los padres optan por sacarlo de la escuela y llevarlos a un Centro de Atención Múltiple (CAM), donde estos niños no avanzan en su condición.
–Seguimos a la espera de los cambios, pero nunca se ejercen. Que en los plateles de preescolar y primaria haya educación de calidad, inclusión, integración entre los alumnos regulares y con alguna discapacidad.
–También es necesario que se brinden todas las condiciones que cada alumno necesita, es decir, niños con la condición del Trastorno del Espectro Autista, con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDH), Síndrome de Down, en sillas de ruedas, entre otras.
–El rezago educativo que sufren niños y adolescentes con discapacidad es por la falta de una política de inclusión social. Es falacia que se brinde la educación especializada a ese sector de la población –añade.
La entrevistada pide a la sociedad unirse para mejorar la educación de los niños y adolescentes mexicanos. “Un primer avance es que los padres de familia conozcan los derechos de sus hijos para que sepan exigirlos. Por mencionar, que el cobro de cuotas escolares están prohibidas”, precisa.
Por su parte, Silvia recomienda a los padres de familia denunciar los casos de discriminación, a pesar que el camino es largo y complicado. “No se desesperen, no están solos cuando se trata de defender a sus hijos. Nunca tengan miedo”.
Los trámites realizados ante la Segey y la Codhey dieron los resultados por los que la familia luchó. Calel, en compañía de su monitor, regresó al plantel “Las horas felices” para concluir el tercer grado de preescolar.
Hoy día, estudia el primer grado en la primaria Jacinto Rosado. “Ahí vamos, los primeros meses fueron complicados, pero ahora mi hijo va bien”, dice la mamá.
— Irbin Flores Palomino
