Por: Niza Puerto
El presidente López Obrador lanza “la rifa del avión”, justo cuando arrecian las críticas por su “Insabi” y por la desaparición del Seguro Popular.
Sin embargo, lo escrito por el periodista Carlos Loret de Mola es una “banalidad” en comparación por lo asegurado por Pablo Hiriart, quien afirma que “como no pueden con la tarea de gobernar, van por la anulación de garantías, la facultad de encarcelar a opositores, empresarios, críticos, periodistas y ciudadanos en general, con pretextos menores”.
Informa que integrantes del gabinete se presentaron en el Senado con un paquete de reformas judiciales que configuran la pérdida de libertades políticas e individuales, pero que se tuvieron que echar momentáneamente para atrás (hasta febrero) pues el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, les dijo que eso era una locura, impasable.
“Entre las propuestas del Ejecutivo está ampliar el arraigo a todos los delitos, no solo a delincuencia organizada. Cualquier persona acusada sería susceptible de ser arraigada, en la cárcel, en una casa de la FGR, en separos o donde haya espacio, antes de iniciar un juicio. No importa que el señalado sea inocente: basta la acusación”, revela.
Sostiene que las reformas que llevaba el gobierno bajo el brazo plantean autorizar las intervenciones telefónicas en temas fiscales y electorales. Se acabó la privacidad porque vivirán intervenidos, desde los dueños de la compañía, sus directivos hasta los contadores, podrán ser espiados, legalmente, sin derecho a reclamar.
Lo más grave es que -según Hiriart- los que no comulgan con el gobierno actual, aunque nada deban, a temblar: sus vidas privadas, con los pecadillos personales –que son privados y no asunto del Estado–, estarán expuestos a la exhibición pública para controlar a toda la población. Y que los ciudadanos se sientan atemorizados ante el gobierno que tiene en sus manos su vida privada y su libertad.
El periodista señala que la tortura y la extorsión de parte del gobierno serán legales. La confesión que quieran, contra quien quieran, la pueden obtener mediante el suplicio o el chantaje y pretenden que sea legal.
“Pide reincorporar al Código Penal, con cárcel de seis meses a seis años, el delito de la imputación que se hace a otro de un hecho cierto o falso.
Mientras se desarrolla el juicio, el comunicador quedará preso en una casa de arraigo de la FGR o en las mazmorras que elija el régimen”, apunta.
Y para remachar, el gobierno plantea reformar el derecho de amparo, que es la joya de nuestra Constitución contra los abusos del poder. “Todo lo anterior es la construcción de una tiranía”.
Finalmente afirma que por el momento esta propuesta no pasó en el Senado ni en la Corte, pero que el gobierno insistirá.
Ante ello, yo, en lo personal, solo puedo esgrimir: “Qué Dios nos agarre confesados”.
