A 100 días, el gobierno de Mauricio Vila Dosal ha emprendido una forma de gobernar sin precedentes a través de acciones puntuales como la implementación del Plan de Austeridad, la instalación del Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto público y la suscripción de la Alianza por Yucatán, las cuales atienden y priorizan las necesidades de la sociedad, a fin de transformar a la entidad en un sitio con oportunidades para todos los yucatecos.
En cumplimiento de los compromisos adquiridos durante su campaña, el titular del Poder Ejecutivo, en su primer acto oficial tras asumir el cargo, instaló el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Gobierno del Estado de Yucatán 2018-2024, integrado en su mayoría por representantes de la sociedad civil, cuyo objetivo primordial es hacer a la ciudadanía el principal actor en las decisiones relativas al destino de los recursos públicos.
Como resultado de este ejercicio inédito que ayudó a incrementar la transparencia y rendición de cuentas, dicho órgano colegiado, que se reúne periódicamente, aprobó y avaló por unanimidad el paquete fiscal del 2019, mismo que fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado, el cual también lo aprobó.
Cabe destacar que la propuesta de presupuesto, elaborada por los representantes de la sociedad civil y del sector empresarial, fue planeada para hacer frente a la complicada situación financiera de la entidad, sin hacer a un lado a los sectores productivos y priorizando los rubros que son esenciales para contribuir a mejorar la calidad de vida de los yucatecos.
Y con el propósito de alcanzar la máxima eficiencia gubernamental, la administración del gobernador Vila Dosal implementó un Plan de Austeridad mediante el cual se ahorrarán anualmente 1,014 millones de pesos, los cuales se reorientarán hacia proyectos de inversión pública productiva.
Para dar el ejemplo de un Gobierno que le cueste menos a la ciudadanía, el titular del Poder Ejecutivo renunció a sus prestaciones de seguro médico y el pago del servicio de telefonía celular.
Además, mediante dicho plan, a la fecha se han devuelto 488 vehículos no indispensables, de los cuales 80 eran de lujo, se cancelaron 894 líneas de telefonía celular y se disminuyó el gasto corriente en general.
Adicionalmente, se realizó la reestructuración de la Administración Pública con el mismo propósito de racionalizar el gasto público, optimizar el presupuesto e incrementar la eficiencia. Las modificaciones consistieron en robustecer áreas sustantivas y desaparecer organismos cuyas funciones podían ser realizadas por otros, adelgazando así la estructura gubernamental. Entre los cambios más importantes se encuentra la eliminación de tres secretarías y dos organismos descentralizados.
Con las nuevas reformas al Código de la Administración Pública estatal (CAPY) desaparecen las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de la Juventud, las cuales se unen a las Secretarías de Fomento Económico y de Desarrollo Social, respectivamente. De igual forma, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) se transforma en la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) y deja de existir el Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY).
Mientras que la Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey) se está transformando en el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), el cual integró a sus labores las que pertenecían a la Dirección de Transporte del Estado (DTEY).
Dichas modificaciones también contemplan la creación de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables, eliminando estas funciones a la Secretaría de Desarrollo Rural, y la Secretaría de las Mujeres, que sustituirá al Instituto de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
En un hecho inédito en la historia de la entidad, en estos primeros 100 días del Gobierno estatal se suscribió la Alianza por Yucatán, acuerdo firmado por representantes de cámaras empresariales, senadores, diputados federales y locales que consiste en una agenda de trabajo común basada en nueve aspectos fundamentales, que tiene como único propósito unir esfuerzos para desarrollar al máximo el gran potencial del Estado.
Lo acordado en dicha coalición cuenta con las siguientes líneas de acción: mantener e incrementar la seguridad pública del Estado, el fortalecimiento del sector agroindustrial y empleo en la zona rural, el abasto y sustentabilidad energética, la movilidad urbana en el área metropolitana de Mérida, Yucatán conectado y la modernización del Puerto de Altura de Progreso.
El listado lo completa la culminación del establecimiento de la Zona Económica Especial de Progreso, buscar una entidad con mayor desarrollo turístico e incentivar la formalización de las empresas y combatir el comercio ilegal.
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