Tener un hijo desaparecido significa para las madres un doble sufrimiento: el dolor de la ausencia en sí misma y la agonía de la incertidumbre. “Es una ausencia-presencia que habita todos los lugares, una ausencia que, como no se puede inscribir o representar en nada —los muertos en una tumba, los vivos andan en las calles—, está presente todo el tiempo”, explica la psicóloga Ximena Antillón, integrante de Fundar, un centro de análisis e investigación que acompaña a familiares de personas desaparecidas.
“Todo lo que haces o dejas de hacer, todo tu día es en función de tu hijo. Te conviertes en sus oídos, en su voz, sus ojos”, explica Lucía.
Lucía Díaz tuvo problemas del corazón y de presión. Celia García toma antidepresivos a diario para espantar “las ganas de morirse”. Martha González tuvo una hemorragia en el tubo digestivo por no poder comer ni dormir. María de Jesús Basón llora todos los días a la hora de la comida. Muchas de las mujeres que integran el colectivo han caído en una situación económica más precaria aún que la que tenían antes de comenzar a buscar a sus seres queridos.
Además de tomar cursos con distintos expertos para aprender a recuperar restos, recolectar evidencia y poder llevar adelante una investigación, el año pasado decidieron que necesitaban generar recursos para financiar las búsquedas. Entonces organizaron rifas y ventas de ollas, de ropa usada, de cacahuates asados, para reunir los 10.000 pesos mexicanos (casi 500 dólares) que necesitan semanalmente para poder recorrer predios, escarbar, sacar cuerpos, exigir su identificación.
Después de que iniciaran estas actividades, la comunidad se conmovió ante su iniciativa y, al poco tiempo, empezaron a recibir donaciones voluntarias, desde iPhones hasta bicicletas, para que pudieran rifar.
Las mujeres agrupadas hoy en Solecito, uno de los once colectivos que existen en el estado de Veracruz, se han convertido en un emblema de la lucha de los familiares de desaparecidos. El consuelo de la búsqueda es, para muchas de ellas, el único que queda.
En países como Argentina y Chile, las desapariciones y las exterminaciones sistemáticas tuvieron elementos de ideología política. En México, no.
Según las autoridades responsables de la procuración de justicia, la práctica sistemática de desaparición de personas en México responde a dos factores relacionados con la guerra contra el narcotráfico. Por una parte, es una herramienta de ejercicio del terror de las bandas criminales en su afán por conquistar nuevos territorios: la desaparición se vuelve una amenaza constante. Por otra, en el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los principales carteles de droga, las bandas criminales adoptaron la lógica de “sin cuerpo no hay delito”. Una lógica que, por supuesto, también funciona para las autoridades y agentes policiales y militares cooptados por el mismo crimen organizado.
Las madres de desaparecidos no solo han hallado restos por su propia cuenta, sino que han obligado a los funcionarios a tomar el problema de los desaparecidos como una prioridad en estados como Veracruz.
“No sé qué hacer”
Una calurosa mañana de sábado de hace algunas semanas, en la iglesia de La Merced, en un barrio pobre de la ciudad de Veracruz, cientos de personas atestaban un pequeño salón a la espera de su turno para que agentes de la policía científica les tomaran una muestra de ADN.
Eran más de 200 personas que acudían a la convocatoria. De las más de 800 muestras que Solecito ha recolectado hasta la fecha, casi 600 son casos que no tienen denuncias ante autoridades; es decir: no hay registro oficial ni investigación en curso sobre ellos.
Según la Fiscalía General del estado son 2600 los desaparecidos registrados en Veracruz, pero colectivos, activistas y organizaciones concuerdan con que la cifra es mínima e irrisoria tomando en cuenta que la mayoría de los casos no son denunciados ante las autoridades porque no confían en que vayan a hacer algo al respecto, o incluso porque sospechan que pueden ser cómplices en los hechos.
En el patio de la iglesia, ajenos a la pesadumbre que flota en el aire, grupos de niños gritan y se corretean. Adentro, una señora se acerca a Lucía Díaz y le dice con desesperación: “Mi hijo desapareció hace un año, no sé qué hacer”.
“Tienes que presentar denuncia, es la única forma,” aconseja Lucía, abrumada y dispersa, mientras contesta llamadas, preguntas, entrevistas y pedidos de orientación al mismo tiempo. En su bolsa lleva un pin con la foto de su hijo, y la muestra a cualquier periodista o autoridad que se interese en su caso.
Parte del precio de su liderazgo es que ahora gran parte de su tiempo lo dedica a coordinar el colectivo, juntar fondos, organizar actividades y articular un movimiento de familiares en el estado que incluye, entre otras cosas, elaborar una especie de base de datos con el número de desaparecidos, aunque “es casi imposible tener una cifra sólida y contundente”, dice.
La mujer que hace unos años era una ama de casa acomodada, ajena a la violencia que azota a miles de familias en México, se ha convertido en una luchadora social de convicciones firmes y una vocera —muchas veces incómoda— del dolor de cientos de familias.
“¿Cómo es posible que en México encontremos 253 cuerpos y la gente no reaccione? Si hay un ataque terrorista o un terremoto en cualquier lugar del mundo y se mueren 30, 40, 50, el mundo entero se moviliza, o por lo menos se petrifica. ¿Por qué aquí no?”, pregunta.
– The New York Times
