El informe de las elecciones judiciales que ayer dio a conocer la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) arrojó resultados preocupantes.
En su balance final, el organismo empresarial expuso sus principales observaciones en este proceso inédito y que presentó varios retos por superar.
Y es que la reforma, dicen, fue impulsada por el mismo ente que ahora se beneficiará de su resultado: el gobierno. Esto representa un posible conflicto de interés, especialmente considerando que 9 de cada 10 casos en el Poder Judicial son entre ciudadanos y autoridades. El principio de independencia del sistema judicial queda en entredicho.
La observación reveló cambios drásticos en los principios rectores que rigen las elecciones democráticas: se limitaron los mecanismos de observación directa, no se cancelaron boletas sobrantes y los resultados reflejaron patrones sospechosamente uniformes.
En particular, todos los candidatos promovidos en los llamados “acordeones” fueron electos, lo cual estadísticamente es poco probable y sugiere una manipulación indirecta del voto ciudadano.
Además, se detectaron contradicciones legales en el manejo de boletas, restricciones presupuestarias que comprometieron la transparencia del proceso y un aparente sesgo hacia candidatos afines al partido oficial. Estos factores, sumados a la imposibilidad de auditar efectivamente los resultados, ponen en duda la imparcialidad y objetividad de la elección.
Por todo ello, la Canacintra hace un llamado a reflexionar sobre el precedente que esta reforma podría sentar, pues el involucramiento ciudadano no debe limitarse ni simularse.
Para los empresarios, que requieren certeza jurídica, procesos claros y un Estado de Derecho sólido, los retrocesos democráticos son una señal de alerta que merecen atención, análisis y acción.
