El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios del Estado de Yucatán se quedará hoy sin presidente, luego de que por mayoría el Pleno del Congreso local resolvió no ratificar al abogador César Antuña Aguilar en el marco de un encontronazo entre las bancadas del PRI y del PAN, que logró colocar de su lado a la bancada de Morena.
Además, también votaron por la no ratificación los diputados Harry Rodríguez Botello Fierro y el aliancista Luis María Aguilar Castillo.
El periodo de Antuña Aguilar concluye este lunes dos de septiembre, por lo que ahora el Congreso del Estado debe esperar que el Ejecutivo presente una terna para seleccionar a la persona que tomará su lugar, en los próximos días.
Cabe recordar que la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado presentó un dictamen que no ratifica en el cargo a Antuña Aguilar, pese a que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán recomendó su ratificación después de valorar positivo su trabajo en los últimos seis años.
En contra del dictamen votaron los 10 legisladores del PRI y Alejandro Cuevas Mena, del PRD, quien en su posicionamiento dijo que la Comisión se extralimitó, ya que la facultad de la ratificación o no es del Pleno de la Asamblea.
En la discusión, por parte del PRI, Luis Borjas Romero señaló que es el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado quien evalúa el desempeño de los jueces y magistrados, y en su caso, como éste, aprueba que sea ratificado, pero en esta ocasión se ha puesto en tela de juicio esta determinación sobre el trabajo profesional y ético del sujeto en cuestión, que obtuvo el 82% de eficiencia en las resoluciones durante un periodo de seis años.
En respuesta, Silvia López Escoffié acusó que el magistrado no se ha apegado a los principios rectores, dejando a los ayuntamientos con deudas, lentitud en los laudos, por lo que no ha cumplido con la eficiencia que el cargo exige.
Al respecto, Alejandro Cuevas Mena indicó que el problema de la deuda de los ayuntamientos a causa de los laudos, no es responsabilidad del magistrado o el tribunal en cuestión, sino de los municipios, por lo que el Poder Legislativo debe trabajar para apoyar con instrumentos presupuestarios para subsanar esta situación.
Por su pate la panista Rosa Díaz Lizama señaló que el magistrado presidente ha quedado a deber a la ciudadanía, porque no tuvo la iniciativa de presentar propuestas para mejorar el marco legal con mecanismos que puedan resolver los procedimientos de esta índole, así como la falta de justicia hacia los trabajadores, por lo que “no ha cumplido con los intereses de los ciudadanos ni de los ayuntamientos”.
Texto y foto: Esteban Cruz Obando
