Unos 30 mil menores de edad han participado en acciones del crimen organizado en México. Santiago Altamirano Escalante, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, manifestó que en Yucatán el problema no es tan grave, aunque sí de cuidado, debido a las conductas antisociales de los jóvenes en las bandas y pandillas.
El especialista en justicia para adolescentes dijo a Punto Medio que la situación de la delincuencia en Yucatán pasa necesariamente por problemas socio culturales. Destacó que muchos de los problemas que se viven en violencia entre los jóvenes, son reacciones al impacto recibido en sus propios núcleos familiares.
Dijo que la cifra es alarmante del número de menores de edad que han participado en acciones criminales en México. Lo que llama la atención es la desintegración de las familias, que es el primer factor donde se advierte la violencia y por la que cientos de muchachos, -varones y señoritas- resultan agresivos y en ocasiones son presa del uso de grupos criminales.
Nuestra situación no es ajena a los problemas de violencia, argumentó, nuestra realidad yucateca es también grave, porque cada día crece el número de jóvenes que manifiestan estos problemas agresivos. El trabajo más importante, recalcó debe de estar enfocado a atender la desintegración familiar y ahí el problema es multifactorial, repuso.
Es en la familia donde se presentan los primeros hechos de violencia contra los niños y niñas y de ahí se aprenden las condiciones de agresividad que expresa un niño en una escuela. Son cuestiones culturales que debemos establecer y desde ahí partir a soluciones, para que estos niños y niñas no sufran de este tipo de condiciones.
Es claro que la situación económica es un factor, pero no es lo único que daña el proceso de integración familiar, señaló el jurista, la justicia se aplica, hoy más de 50 jóvenes yucatecos, cumplen sentencias domiciliarias. El problema es, que son enviados a sus casas para recuperación y atención psicológica, sin incluir a toda la familia: Si el problema de violencia se aprendió en el núcleo familiar, entonces las condiciones de aplicación de la justicia no se cumplen, recalcó.
Detalló que en Yucatán no hay estudios sobre los problemas de violencia juvenil, no hay la suficiente información realizada por especialistas para proponer soluciones a fondo.
En materia judicial, hay leyes y se valoran aspectos sociales, económicos y culturales, que sirven para la creación de acciones de políticas públicas, pero hace mucha falta estudios, análisis y evaluaciones realizadas por especialistas para concretar tareas profundas y mecanismos más detallados para atacar este problema, señaló.
– José Cortazar
