Una de las principales estrategias de ataque que despliega José Antonio Meade a la campaña de Andrés Manuel López Obrador es el desliz que tuvo en un acto de precampaña, en el cual dijo estudiar la posibilidad de dar amnistía a ciertos delincuentes.
Una y otra vez escuchamos al equipo de Meade con la misma cantaleta para tratar de convencer a la población que AMLO representa la corrupción rampante, de la misma manera que quieren relacionar a Anaya con supuestos actos ilícitos. Dicho en su propia demagogia priísta: “No hombre, unos genios”.
La realidad se impone al discurso proselitista cuando se contrastan los dichos con los hechos. Suele atribuírsele a Juárez el aforismo: “A mis amigos, la justicia; a mis enemigos, el peso de la ley”.
La semana pasada, la PGR, que no tiene titular todavía, sino tan sólo encargado de despacho, desistió de ejercer acción penal en contra de César Duarte, ex Gobernador de Chihuahua, quien acumularía, si se tomara como veraz la información hasta el momento, un desvío de al menos 18,000 millones de pesos y la creación de un banco de su propiedad durante su mandato.
Este es el tipo de amnistía: de olvido, de borrón y cuenta nueva que el gobierno priísta ya aplica discrecionalmente a sus esbirros desde este sexenio. Es de lo cual se queja que haría AMLO al llegar al poder, cuando ellos, desde el poder lo hacen. Como Fuenteovejuna gritan “Al ladrón, al ladrón” mientras huyen con el botín.
Desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, el autodenominado “nuevo PRI” ha gobernado 23 estados de la república, en los cuales los gobernadores se habrían comportado, en palabras de la analista Denisse Dresser, como verdaderos virreyes. Sin límites ni contrapesos en sus respectivos congresos estatales, hoy 22 de aquellos 23 son investigados, señalados o imputados de delitos de corrupción de toda índole. Sin embargo, gozan de facto de una amnistía que impide tocarles un solo cabello.
Extraña que la PGR sea tan expedita en el anuncio de que Ricardo Anaya sea sujeto de investigación en tan poco tiempo, mientras que a estas alturas del sexenio queden pendientes los resultados de averiguaciones sobre el poder corruptor de Odebrecht y sus alcances a altos funcionarios del gobierno actual, por ejemplo. Otros casos sin resolver son: la Casa Blanca, la casa del canciller Videgaray en Malinalco, el caso OHL, el socavón de Ruíz Esparza, la Estafa Maestra, los Panamá Papers, el pendiente de Oceanografía, el espionaje a periodistas y activistas de Derechos Humanos con el software Pegasus, por mencionar los más representativos. Todo parece indicar que una de las propuestas firmadas ante notario, en la cual el candidato Enrique Peña Nieto se comprometía a realizar, la creación de un sistema nacional anticorrupción, quedará pendiente.
Por Carlos Hornelas
