Por: Carlos Hornelas
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el presupuesto que se asignará a los partidos políticos y candidatos independientes para el 2018 asciende a 6,788,900,016 pesos, lo cual ha sido calificado como el monto más alto en la historia del Estado Mexicano. Cabe recordar que a esta cantidad faltaría sumar las prerrogativas por entidad federativa en función de sus comicios estatales o municipales.
La democracia sale cara, muy cara. A pesar de las iniciativas para reducir el financiamiento de los partidos políticos, cabe la reflexión sobre si el dinero que reciben se gasta eficientemente y si en realidad promueve conductas que consigan fortalecer nuestras libertades cívicas.
En primer lugar, las cantidades ingentes que son gastadas en las campañas políticas, lejos de promover el debate y el fortalecimiento de la esfera pública, devienen en la fórmula básica de la administración de clientelismo a través de la compra de votos, los acarreos, las dádivas e incentivos de diversa índole y el cada vez más extenso merchandising de candidatos que son tratados como verdaderos rockstars por los medios de comunicación.
Esto es escandaloso si se toma en cuenta que la clase política en general sufre de un descrédito que ellos mismos han cultivado con especial cuidado para que el ciudadano común desprecie todo lo relacionado con ella, lo cual se puede ver reflejado en las urnas pues cada nueva elección el nivel de abstencionismo aumenta. En la mayor fiesta de la república el festejado simplemente no se presenta a pesar del infame gasto que representa al erario.
Asimismo en aquellos casos en los cuales algunos partidos se han inconformado porque sus contrincantes han excedido el tope máximo de gastos, existe la sensación de impunidad, como en otros tantos renglones de la realidad nacional. No quedan claro cómo se ha hecho el cálculo final de los gastos ni cómo se exime de culpas a quienes presuntamente se habrían excedido de dispendiosos en los recursos asignados.
Peor aún, queda la inquietante sospecha de que el dinero excedente tenga como origen la complicidad en la corrupción o la colusión con la delincuencia organizada. En la mayor ironía del destino solo falta que quienes contiendan en el 2018 también superen el límite máximo de sus erogaciones en la campaña más costosa jamás vista hasta ahora. Porque la experiencia dicta que ningún dinero parece ser suficiente con tal de obtener la victoria.
Por su parte, la comunicación de las distintas plataformas electorales a través de los medios de comunicación, se ha caracterizado más por apuntalar las personalidades de los contendientes que por señalar las propuestas de solución de los problemas nacionales. Recientemente el culto a la personalidad, la creación de una imagen pública aceptable y la frecuencia constante en las conversaciones a través de las redes sociales constituyen artilugios que sustituyen las plataformas políticas.
Con todo, lo que más lastima es que en muchos casos los medios de comunicación social que debieran ser el contrapeso del poder y señalar sus excesos, orientar a los ciudadanos, formar la opinión pública, desvelar los contubernios y transparentar las artimañas de los actores políticos, les hagan juego y con tal de recibir una rebanada del suculento pastel, terminen propiciando el encono, la inequidad, la opacidad, la desinformación y con ello atenten contra la democracia.
Nuestra libertad de elección debe descansar en la libertad de expresión y de información para que se manifieste de la manera más consciente posible, pues lo que está en juego no es ni el discurso ni el dinero, sino nuestra viabilidad como democracia.
