Organizaciones de la sociedad civil y expertos en temas de seguridad pidieron a los legisladores crear un Observatorio Ciudadano para vigilar el uso de la fuerza por parte de las instituciones policiales, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.
Esta petición fue hecha durante el segundo día del Parlamento Ciudadano celebrado en el Senado de la República, donde decenas de asociaciones y académicos discuten las leyes secundarias de la Guardia Nacional —Ley Orgánica de la Guardia Nacional, Ley sobre el Uso de la Fuerza Pública, Ley sobre el Registro de Detenidos y las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Daira Arana Aguilar, investigadora de Causa en Común, señaló que “el Observatorio debe ser una cuestión obligatoria, tendría que estar conformado por funcionarios que laboren en el ámbito de la seguridad pública, la sociedad civil y académicos”.
Añadió que para lograr esto se necesita voluntad política, pues desde Causa en Común han experimentado poca apertura de las instituciones de seguridad para entregar sus reportes de uso de la fuerza y ser evaluadas.
“Necesitamos que las instituciones se comprometan a dar información, porque si no se conoce cómo y en qué condiciones lo hacen no serviría de nada tener el Observatorio”, dijo.
Por su parte Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, indicó que “cuando podamos revisar con autoridades externas, que no dependan del Ejército o la policía, cómo usan la fuerza estas instituciones, las cosas van a cambiar”.
Aseguró que instituciones similares a un Observatorio Ciudadano han tenido éxito en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, donde la policía es “auditada” para señalar los abusos de autoridad y sancionar a quien los comete.
“Las leyes no alcanzan, pero los sistemas de revisión si permiten conocer los patrones y las motivaciones cuando la fuerza no se usa adecuadamente”, aseveró Ernesto López Portillo.
También Carlos Silva, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, agregó que los legisladores deben discutir sobre una política integral e institucional sobre el uso de la fuerza.
“¿Cómo se va a rendir cuentas del uso de la fuerza? Dicen investigadores chilenos que toda política institucional del uso de la fuerza debe poder contar incidentes, describir incidentes, explicar incidentes y controlar los patrones problemáticos”.
Texto y fotos: El Universal
