Investigadores y activistas coinciden en que en Yucatán ni la Procuraduría Agraria, ni el Regristro Agrario Nacional, ni el Tribunal Agrario abogan por la dimensión social de la propiedad ejidal
INVESTIGADORES Y ACTIVISTAS coincidieron en que no existen mecanismos establecidos con un enfoque intercultural para la protección y defensa del territorio indígena en México, donde Yucatán no es la excepción.
Durante la presentación del Informe sobre la Jurisdicción Agraria y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Campesinos en México, coincidieron que en Yucatán ni la Procuraduría Agraria, ni el Regristro Agrario Nacional, ni el Tribunal Agrario, en la práctica, están protegiendo la dimesión social de la propiedad ejidal y de los bienes comunales de los pueblos mayas.
“Las instancias gubernamentales en Yucatán ofrecen asesoría para fortalecer la dimensión colectiva de la propiedad , menos aún que respete la libre determinación de las comunidades mayas sobre su territorio”, indicó Gabriela Torres Mazuera, investigadora del Ciesas.
La académica manifestó que el informe, presentado en las instalaciones del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis) de la Unam, presenta un balance actualizado sobre el desempeño de la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y los Tribunales Unitarios Agrarios, a la luz de los estándares internacionales en materia de los derechos humanos de los pueblos indígenas y en relación al despojo de tierras que experimentan hoy día ejidos y comunidades indígenas.
Por su parte, la abogada especialista en temas agrarios, Claudia Gómez Godoy, señaló que en los casos de Homún o de los ejidos de Ucú y Hunucmá es evidente una falta de información sobre los proyectos que se desarrollan en esos territorios, por ello cuando los comuneros se enteran de la dimensión de las obras, se generan conflictos que frenan su implementación.
Puntualizó que falta, además, una armonización legislativa para que la Jurisdicción Agraria y el desempeño de las instancias gubernamentales sean permeadas por los derechos humanos de los pueblos indígenas y se garantice el respeto a la diversidad cultural.
En esta investigación se concluye que la legislación agraria, en México, aunque ha tenido un importante desarrollo, no garantiza una protección cabal de la propiedad indígena, entendida como territorio colectivo.
En este trabajo intervinieron, además del Cephcis, la Fundación para el Debido Proceso, el Grupo Indignación y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).
Texto: Jorge Euán
