El estado de Yucatán aparece por tercer año consecutivo como el más seguro del país; sin embargo, no está exento de violencia y de equivocar políticas públicas que impactan a la sociedad por delitos y mecanismos que influyen en el incremento de éstos, indicó el reporte “Radiografía de la seguridad en Yucatán, abril 2017”, que emite el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El informe establece que Yucatán no es la excepción y aunque tiene la tasa de homicidios dolosos más baja del país –2.33 casos por cada 100 mil habitantes, similar a la de Bélgica o Canadá–, no es un estado libre de violencia.
En el cúmulo de datos y afirmaciones que contiene el documento figura uno muy relevante en cuanto al gasto que requiere combatir los problemas de los que se da cuenta: de 2002 a la fecha, es decir en los últimos 15 años, se han gastado poco más de 21 mil 887 millones de pesos en acciones a favor de la seguridad, con una eficiencia que se pone en duda.
El documento de 17 páginas establece un análisis como punto de partida para evaluar la situación de violencia y criminalidad de Yucatán, comparada de manera regional con los estados vecinos de Campeche y Quintana Roo y donde se evalúan no sólo las condiciones en las que se cuantifican los programas de prevención al delito, como el nulo seguimiento a estos programas.
En cifras contundentes el reporte establece que, la mayor preocupación de los yucatecos sigue siendo la seguridad, y especifica “la mayor parte del delito y la violencia en el estado tiene como origen la conflictividad social y los delitos patrimoniales, a diferencia de lugares con alta criminalidad relacionada con la delincuencia organizada”.
La radiografía de seguridad detalla que en 2016 se registraron un total de 50 homicidios dolosos, siendo Mérida, Progreso, Kanasín y Valladolid los municipios donde se perpetraron estos crímenes. De esta manera, en la capital del estado sumaron 25 homicidios, Progreso 6, 5 en Kanazín; 3 en Valladolid, los restantes 11 fueron en: Umán, Motul, Izamal y Dzilám Bravo 2; Maxcanú, Hunucmá y Tekax 1.
Se advierte en este documento que en Yucatán no se puede hablar de crimen organizado, ya que, “sólo 12 por ciento de los homicidios dolosos registrados se cometieron con un arma de fuego, lo que contrasta con la cifra nacional, que ese año alcanzó 62 por ciento. Un arma de fuego, sobre todo de alto calibre, hace posible perpetrar el acto con rapidez y desde distancias medias o largas, lo que la hace compatible con la violencia instrumental (medio para alcanzar un fin, económico en este caso) de la delincuencia organizada.
Por otro lado, los homicidios perpetrados con arma blanca, así como otro tipo de instrumentos, se relacionan en mayor medida con violencia resultado de conflictividad social, es decir, como resultado de riñas, violencia de género, crímenes de odio, etcétera. En Yucatán, 82 por ciento de los homicidios dolosos se cometen con arma blanca y otros.
Lesiones
Otro indicador relevante para medir la violencia es el número de carpetas de investigación por lesiones dolosas. En un escenario, como el de Yucatán, la violencia “común” que se registra entre la población, por ejemplo, como resultado de conflictos vecinales, familiares, de tránsito o por abuso de sustancias tóxicas como el alcohol, deben estar al centro de la atención en el diseño de las políticas de seguridad ciudadana.
En Yucatán, 98 por ciento de las lesiones dolosas se comete con arma blanca y otros, mientras que a nivel nacional el 81 por ciento.
En Yucatán se conocen
unas 234 pandillas
Respecto a la violencia en pandilla, hasta el momento, en la entidad estos núcleos no trabajan para los cárteles del narcotráfico. Esta característica es relevante en el análisis de riesgos para la paz en la entidad en el mediano y largo plazo debido a que la existencia de bandas al servicio de agrupaciones delictivas se relaciona en las últimas décadas, principalmente en Centroamérica, con las tasas más altas de homicidio y otros delitos como la extorsión.
Lo anterior no significa que no exista un mercado de drogas ilegales en Yucatán. La prensa local da cuenta de la existencia del narcomenudeo cerca de escuelas o en puntos de venta fijos, y también los especialistas, pero la entidad no es escenario de disputas territoriales relacionadas con esta actividad, hasta este momento.
Sin embargo, apunta el reporte, sería un error dar por sentado que la situación de las pandillas en Yucatán permanecerá sin cambios. Para fines de este documento los robos o asaltos no se consideran como conductas antisociales al estar tipificadas en los códigos penales como un delito y no como una falta administrativa.
-Pero, las rutas del narcotráfico y la dinámica delictiva local resultado de la política de deportación de individuos con antecedentes penales desde Estados Unidos —muchos de ellos, miembros de pandillas trasnacionales— encontrarían un terreno fértil para establecer vínculos nocivos mientras no existan políticas especialmente dirigidas a que los jóvenes dejen las pandillas por medio del acceso a oportunidades de estudio, empleo y salud.
Percepción de Seguridad
En 2016, en la entidad 73 por ciento de los hombres se sentían seguros, contra 62 por ciento de las mujeres. Aunque la diferencia es de 11.2 puntos porcentuales es también, por mucho, la del porcentaje más alto de mujeres que se sienten seguras en su entidad. Sin embargo, en 2016 los yucatecos identificaron a la inseguridad como el principal problema que enfrenta su entidad, lo que ocurre por primera vez desde que el Inegi levanta esta encuesta. Le siguen el desempleo y el aumento de precios.
De 2010 a la fecha, establece que el número de crímenes ha aumentado notablemente en Yucatán, pasando de 17 mil 715 delitos denunciados a 22 mil 860 en 4 años. De manera regional Quintana Roo es el estado donde aumentó el número de delitos por cada 100 mil habitantes y Campeche donde más se redujo de la zona peninsular.
Los delitos más frecuentes registrados en el estado son: extorsión, robo y fraude. A su vez, los delitos con más víctimas son robo a casa habitación, extorsión y robo a vehículos.
Víctima y victimario
En México, sólo la quinta parte de las víctimas de algún delito, es decir el 20 por ciento, conoce en algún grado a su victimario, mientras que en Yucatán y otras cinco entidades, esta proporción es de 40 por ciento o más. Aunque esto puede relacionarse con un tamaño de la población baja -con menos de dos millones de habitantes-. Tres entidades con población menor a la de Yucatán se encuentran en el escenario opuesto: en Quintana Roo y Morelos, sólo la quinta parte tiene algún vínculo con el victimario y en Tlaxcala, 30 por ciento.
Alcohol y drogas vinculadas al delito
En Yucatán las víctimas percibieron el uso de alcohol o drogas en su agresor más que en cualquier otro estado del país. En este caso, los problemas socioemocionales vinculados al abuso de drogas legales, es más bajo en esta entidad que a nivel nacional y el resto de la península.
De esta manera, el 45 por ciento de los delitos que se cometieron en Yucatán están vinculados al alcohol o a las drogas o ambos, contra el 23 por ciento que es la media nacional. Bajo un enfoque de prevención de delito y violencia, la perspectiva que se debe privilegiar es la atención a las causas de los factores relacionados con estas conductas.
El sistema de justicia
en Yucatán
El informe establece que, Yucatán se ubicó por debajo de la media nacional en esta dimensión, lo que sugiere falta de personal e infraestructura para la procuración de justicia. La entidad se ubica muy por debajo -23 puntos. de la media nacional.
El estado cuenta con 1.7 agencias del MP por cada 100 mil habitantes, frente a la media nacional que es del 3.4. Sólo 8 por ciento de las carpetas de investigación abiertas se encuentran bajo proceso penal de primera instancia, mientras que la media nacional es de 12.
En su caso en Yucatán la Fiscalía no cuenta con agencias especializadas en homicidio, robo, extorsión ni delitos contra la mujer. Sólo 16 por ciento de la población penitenciaria con ingreso en 2013 tiene una sentencia, en tanto que a nivel nacional el porcentaje es de 51 por ciento.
En el estado de 2002 a la fecha se han erogado más de 21 mil 887 millones de pesos en seguridad; sin embargo, el gasto no ha sido del todo efectivo debido a que no hay seguimiento a las políticas de prevención al delito, especifica el reporte. La eficiencia del gasto público en seguridad —y en este caso, del incremento en el mismo— puede entenderse como la relación entre los recursos asignados a las instituciones de este rubro y el efecto de las estrategias implementadas por éstas en el riesgo de ser víctima de un delito.
Propuestas
El mismo documento establece que, como medidas se proponen, de acuerdo con el análisis, basado en consultas con especialistas locales, estadísticas oficiales y encuestas de victimización, a través de cinco puntos:
1.- Reinserción social de integrantes de pandillas. 2.- Atender los problemas vinculados al alcoholismo y la drogadicción, las adicciones y la violencia. 3.- Fortalecer el rol de los jueces de paz en el sistema de justicia. 4.- Prevención del delito basado en evidencias. 5.- Transparencia en gasto del sistema estatal de seguridad pública.-José Cortazar Navarrete
