| Con los asesinatos de Merly Guadalupe Cauich Tamayo (el sábado) y Emma Gabriela Molina Canto (lunes) la cifra de feminicidios se incrementó a 58 en el estado, de acuerdo con el protocolo que aplica la Fiscalía General del Estado, afirmó Adelaida Salas Salazar, representante de Ni Una Más y el Observatorio Nacional del Feminicidio en Yucatán. |
El tema de Emma Gabriela toma dimensiones de tragedia porque su crimen habría sido ordenado por su ex esposo, Martín Medina Sonda, luego de que perdió un juicio de custodia de los tres hijos de la pareja, en una lucha que llevó a la ahora occisa y su madre, Ligia Teresita Canto Lugo, a la cárcel en procesos amañados.
–Cuántas más vamos a pagar con la vida, cuántas más –lamentó Dariana Beatriz Quintal Narváez, quien al igual que Emma Gabriela tiene un proceso por la custodia de sus hijos con su ex esposo Ángel Ismael Barragán Pérez.
Actualmente, contó Salas Salazar, esa organización asesora a 11 mujeres que tienen litigios con sus ex parejas en procesos que duran desde uno hasta seis años.
–En el estado habrían 1,500 mujeres que han sido separadas de sus hijos, que no han recibido justicia por falta de dinero, no saben a dónde recurrir, van a defensoría legal y reciben trato déspota porque no tienen dinero, no cuentan con abogados y pierden los procesos –dijo.
Agregó que el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán, cuya titular es Alaine López Briceño, ya dejó de acompañar a las mujeres porque pierden todos los casos.
–No sabemos qué hace la titular, donde está la ley de acceso a una vida libre de violencia, la prevención y atención a víctimas, no hay nada –recalcó la activista.
De acuerdo a Salas Salazar, la cuenta era de 89 (ya son 91) casos de mujeres asesinadas con violencia, pero tras la aprobación del protocolo del feminicidio, el ocho de marzo del año pasado, la cifra fue depurada hasta quedar en 56, a las que se deben sumar las últimas dos en Mérida.
Dijo que el caso más sonado fue el de Martha Eugenia Martínez Ávila cuyo asesino fue condenado a 35 años.
-Pensamos que se iba a sentar el precedente de 50 años por la forma en la que se manipuló el cuerpo, por las agresiones, ultrajes al cuerpo, porque cumplía todas y cada uno de los requisitos, pero desafortunadamente no fue así –recordó.
Sin sanción
Salas Salazar dijo que las féminas tienen la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aprobada en el 2008, la cual mandata una base de datos de toda esta violencia donde registra y se focaliza, que pide hacer programas y convenios donde debe intervenir la Segey, Salud y Gobierno, pero es una la ley muerta, pues no hay prevención, atención y no hay sanción a los delincuentes.- Esteban Cruz Obando
