Ante un caso de despojo a dos personas de la tercera edad, abogado advierte de esa actividad ilegal y recomienda varias acciones para evitarla
El despojo de un predio en Montes de Amé en perjuicio de una pareja de la tercera edad y de recursos limitados, exhibe la manera en la que litigantes y notarios aparentemente se confabulan para cometer este tipo de ilícitos con aparente impunidad.
Hasta el momento, no se sabe de algún fedatario público que haya terminado en la cárcel por este tipo de operaciones fraudulentas, en las que los notarios se prestan a dar fe de cosas que no ocurrieron, es decir, a simulaciones que terminan en un menoscabo del patrimonio, principalmente de quienes no tienen los recursos económicos suficientes para emprender una acción legal y defender su propiedad.
Al respecto, el vicepresidente regional en la zona sureste de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Rodrigo Ortiz Eljure, comentó a Peninsular Punto Medio que es frecuente que las personas suplanten identidades y, de esta manera, acuden con el notario público, quien no certifica o valida las identificaciones que se le presentan y permite que se hagan compraventas de inmuebles de los que no son sus legítimos propietarios.
“A mí me ha tocado atender a una persona que compró una casa y quien le vendió no era el dueño, el litigio terminó con el tipo en la cárcel y ya está a punto de devolver el dinero”, dijo el abogado, quien destacó que hay grupos de personas dedicadas a este tipo de actividades que buscan lagunas legales para aprovecharse de las personas.
Para evitar caer en este problema, al momento de pretender adquirir una propiedad hay que acudir a un notario público que tenga el respaldo del Consejo de Notarios, en el sentido de que cuente con buena fama en el desempeño de su labor profesional.
“Se supone que el Consejo se encarga de sancionar cuando hay acciones indebidas; sin embargo, es raro que esto ocurra cuando la notaría no cumple con dar seguridad jurídica a quien lo está contratando y que confía en que el notario está revisando todo, cuando hay muchos que no lo hacen. El Consejo de Notarios debe trabajar más para investigar a los notarios que están involucrados en este tipo de operaciones y sancionarlos, inclusive quitándoles sus notarías para que la sociedad yucateca tenga más confianza en estas instituciones”, subrayó el también secretario de Derecho Penal del Colegio de Postgraduados en Derecho.
En este sentido, el abogado recalcó que, ante esta situación, es importante que el Estado, a través de la Consejería Jurídica que tiene a su cargo Mauricio Tappan, regule y dé vigilancia a las notarías, ya que el caso de los adultos mayores de Montes de Amé no es el único.
A manera de ejemplo, Ortiz Eljure comentó otro caso que recientemente conoció, en el que una señora fue víctima de una notaría, en donde se prestaron a hacer operaciones simuladas para quitarle su propiedad.
“Ahora estamos en litigio para que se recupere, ya metió la queja contra el titular de la notaría, pero está congelada, de tal modo que pareciera que la autoridad no brinda los mecanismos de protección para que sociedad tenga seguridad jurídica sobre sus bienes inmuebles”, abundó el entrevistado, quien comentó que no es la primera vez que el notario inmerso en ese litigio ha tenido participación en este tipo de operaciones fraudulentas.
“Hay muchos casos, y por ello, si el notario, que es el que debería de encargarse de velar y de dar fe de que realmente se estén realizando los actos jurídicos que se hacen ante él y no están haciendo bien su trabajo, no se da cuenta de que alguien de su oficina se está prestando a colaborar con quienes están dedicados a quitar propiedades, tiene que ser sancionado”, recalcó.
Importante es destacar que si el notario no actúa conforme a derecho, hay mecanismos para interponer una queja a través del Consejo de Notarios, o incluso a través de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.
El problema de esto es que, mientras se resuelve el litigio y se restituye la propiedad, al afectado le cuesta dinero contratar a su abogado defensor para que meta la nulidad de la escritura pública a fin de anular la operación que se hizo, así como para que interponga la denuncia penal, además de que el juicio llevará años para que se resuelva.
En este sentido, se debe de tener en cuenta que, si bien existen organismos gratuitos de atención como la Defensoría Pública, sólo atiende a quienes tienen un ingreso mínimo, por lo que, en resumidas cuentas, el afectado tiene dos opciones: perder su patrimonio o gastar mucho dinero en juicios civiles y penales para conseguir la devolución.
Y a todo esto, agregó Ortiz Eljure, los juicios están avanzando muy lento, independientemente de que son muy costosos, “entonces, lo que se debe hacer es poner más vigilancia a los notarios a través del consejo y castigar a los que incurran en este tipo de operaciones como el de los viejitos a los que les quitaron su casa específicamente porque afirman que hubo entregas de cheques y cantidades de dinero que se dieron ante el notario, ya se investigó quién cobró ese dinero, si salió de la cuenta, si existió el cheque, entonces si el notario está poniendo hechos falsos como verdaderos también es cómplice”, apuntó.
Si se acredita que no pasó lo que el notario afirma con su fe pública, con la que el estado lo faculta, puede incurrir en sanciones administrativas y penales.
Otra de las operaciones que es muy común que ocurran en perjuicio de la sociedad es aquella en la que, al solicitar un préstamo a la persona, le hacen firmar pagarés y papeles en blanco que terminan siendo la compraventa del predio, que se supone sería la garantía, y al final de cuentas terminan despojados de su patrimonio.
“Entonces, si el notario está viendo que esa operación es falsa no le debería dar fe, pero muchos se prestan a hacer este tipo de simulación, se da muy seguido este tipo de prácticas”, concluyó.
Texto: Manuel Pool
Fotos: Agencia
